Tres ciudadanos fueron llamados a juicio en caso ‘Valija Diplomática’
El Fiscal Iván Ron pudió al juez que se llame a juicio a los tres procesados por existir varios elementos en su contra.
Quito, 18 de febrero del 2016.- Gabriel R., Fernanda L. y Gerardo M. son tres de los cuatro procesados por el caso ‘Valija Diplomática’ que fueron llamados a juicio, por ser considerados como los presuntos autores responsables del envío de droga líquida a Italia, en enero del 2012.
El dictamen mixto fue emitido por el juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Telmo Molina, quien aceptó el pedido de Fiscalía y en la primera parte de la audiencia resolvió que todas las diligencias realizadas fueron legalmente sustentadas y no hubo ninguna violación a las normas constitucionales.
Así mismo, el juez manifestó que por la abstención por parte de la Fiscalía de acusar a Vidal C., el expediente del caso será enviado a consulta del fiscal Provincial de Pichincha para que resuelva la situación jurídica del procesado y en máximo 30 días.
La diligencia se desarrolló, la tarde de este jueves 18 de febrero, durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen que se realizó en Casa de Justicia, ubicada en Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito.
La Fiscalía inició la investigación del caso en enero del 2012, por tráfico de sustancias ilícitas. Los acusados formarían parte del grupo que trasladó droga líquida a Milán, a través de la valija diplomática.
El fiscal Iván Ron, en la sustentación del caso, manifestó que por contar con la Asistencia Penal Internacional con Italia, se obtuvo valiosa información con las que se pudo determinar que los acusados serían quienes contaminaron la valija diplomática en Ecuador y la enviaron a Italia.
Según investigaciones de la Fiscalía, el procesado Gabriel R. habría manejado más de tres millones de dólares en los últimos años, recursos que no se justificaba con el negocio al que se dedicaba.
El fiscal detalló que las 5.000 pistas de audio de las interceptaciones telefónicas, obtenidas por Asistencia Penal Internacional, fueron sometidas a peritajes y cotejamiento de voces. En éstas se habría identificado las voces de Gabriel R., Fernanda L., y Gerardo M., en conversaciones desde y hacia Ecuador.
También se presentó un informe de registro de ciudadanía de Gerardo M., quien constaba con doble identidad y se hacía llamar Julián Muñoz. En su verdadera inscripción se habría impreso su fallecimiento en el 2002, lo que posiblemente ayudó para cometer varios ilícitos, ya que posee denuncias por otros delitos.
El fiscal del caso hizo énfasis en que los procesados enmarcaron su conducta en el artículo 227,del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de organización para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con una pena de 10 a 12 años de pena privativa de libertad.