Testigos protegidos, piezas claves en los procesos judiciales

El pasado 20 de mayo, Marcelo (nombre ficticio) llegó a las instalaciones del Complejo Judicial Albán Borja, en Guayaquil. Ocultó su rostro con una gorra, gafas y capucha. Asistió a este lugar para –en audiencia de juicio- dar su versión de los hechos en torno al asesinato de la docente María José Correia, de 27 años, ocurrido el 30 de julio del 2015.

Su calidad de testigo protegido le permitió ingresar a la sala de audiencias y mantener en reserva su nombre. Fue así que se puso a disposición del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, para -mediante juramento- narrar las circunstancias en que observó a William M. y Roberto M., procesados en este caso, mientras huían de la escena del crimen.

Este testimonio fue fundamental para que el Tribunal determine la responsabilidad penal de ambos acusados y resolviera sentenciarlos a 34 años de privación de libertad, en calidad de autores del crimen.

Marcelo es uno de los 261 testigos protegidos que en el ámbito nacional están registrados en el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), de la Fiscalía General del Estado.

Ellos cumplen un rol importante en el proceso penal, por ser quienes –bajo la protección de la Fiscalía- deben proporcionar toda la información sobre los actos delictivos y las personas investigadas. 

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, es quien lleva adelante uno de los principales casos en el que el testigo protegido, encontrado con vida en Venezuela luego de 13 años de estar desaparecido, es pieza clave para esclarecer un hecho que causó conmoción social.

Se trata del caso ‘González y otros’, investigado por el delito de plagio, cometido bajo la modalidad de desaparición forzada de personas. El hecho se registró tras el operativo policial en una farmacia de Guayaquil, el 19 de noviembre del 2003.

Erwin V., ya rindió su testimonio anticipado el jueves 7 de julio del 2016 ante el Fiscal General, información que se incluyó en el proceso.

Los testigos protegidos están amparados por el reglamento del SPAVT, en el cual se establece, entre otras disposiciones, el derecho de no ser discriminados, a recibir un trato cálido y digno, así como a la protección.  

“La asistencia y el cuidado es solo para las personas que son víctimas o han sido testigos de un delito, o quienes lo han denunciado e intervienen en el proceso penal, y que son objetos constantes de amenazas, intimidaciones e incluso agresiones verbales o físicas”, aclaró el Coordinador del Guayas de  la SPAVT-G, Ronald Vera Pinto.

El ingreso del testigo al SPAVT se lo realiza luego de que el fiscal efectúa el requerimiento y se evalúa el nivel de riesgo.  

En el caso del crimen de la profesora Correia, el fiscal Luis Peña solicitó se incluya a Marcelo por ser quien identificó a William M. y Roberto M., como las personas que se trasladaban en moto con un arma de fuego, posterior al hecho.

El testimonio de personas que han estado en sitios vinculados con actos delictivos es de suma importancia para un proceso, ya que es una de las pruebas testimoniales que tiene la Fiscalía para demostrar la materialidad y la responsabilidad de los procesados, detalló el fiscal Peña.

Dato:

El artículo 198 de la Carta Magna señala que: “La Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil”.