Suspenden audiencia de juicio por lavado de activos en caso ‘Pifo Gardens’

El fiscal del caso, Luis Ramiro Sanchez, convoco como testigos a peritos y expertos del BCE y SRI.

Quito, 13 de febrero del 2016.- Tras la comparecencia de 20 de los 31 testigos convocados por la Fiscalía Provincial de Pichincha, los jueces del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha suspendieron la audiencia de juicio por lavado de activos en el caso ‘Pifo Gardens’, y anunció su reinstalación para el 29 de febrero del 2016.

Los jueces suspendieron la audiencia de juicio porque tenían en agenda otras diligencias para los próximos días. Para la reinstalación del juicio se espera que Fiscalía termine con la presentación de la prueba testimonial.

La audiencia inició el 10 de febrero contra tres procesados: Byron P., José S. y Ximena C., que estuvieron presentes en la diligencia, mientras ocho personas implicadas en este caso, también llamadas a juicio, están prófugas.

En el primer día, el fiscal de la causa, Luis Ramiro Sanchez, presentó la teoría del caso y manifestó que las investigaciones determinaron que los procesados realizaban exportaciones de carbonato de calcio a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) elevando el precio hasta en un 1 000 % de su valor real.

“Se investigaron a siete empresas ‘ficticias’ que estarían involucradas, a las que se realizó análisis exhaustivos de sus movimientos comerciales y registros financieros”, manifestó el fiscal del caso.

Uno de los testigos, quien realizó el análisis financiero, explicó que los recursos provenientes de las exportaciones pasaban a través de una triangulación: primero, el dinero proveniente de Venezuela ingresaba a cuentas nacionales, luego permanecía unas 48 horas y finalmente salía a cuentas en Hong Kong, Antillas Holandesas y República de Panamá.

Las investigaciones se iniciaron por denuncias realizadas por la Unidad de Análisis Financieros (UAF), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador (BCE).

Según las investigaciones de la Fiscalía, las compañías involucradas en este hecho ilícito habrían operado de esa manera entre 2010 y mediados de 2012.

El hecho se judicializó de acuerdo al artículo 323 de Código Penal Anterior y bajo la Ley que reprimía el lavado de activos.