Siete personas llamadas a juicio por estafa en caso ‘Proinco’
La fiscal Susana Rodríguez acusó a siete procesados por estafa.
Quito, 17 de abril del 2017.- Por el delito de estafa, siete personas fueron llamadas a juicio dentro del caso ‘Proinco’, investigado por la Fiscalía por la presunta captación de recursos a través de tres empresas que no tenían permiso para operar con transacciones financieras.
Los procesados Santiago R., María G., Dolores S. y Fernando C. fueron acusados como autores. Mientras que Rodrigo L. como coautor. También Gabriel Ch. y Carmen J. como cómplices.
La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen se realizó la mañana de este lunes 17 de abril, en la Corte Nacional de Justicia. Esta diligencia inició el 28 de marzo del 2017.
La fiscal Susana Rodríguez sostuvo que las empresas Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A., estuvieron domiciliadas en las instalaciones de la Sociedad Financiera Proinco y habrían actuado en perjuicio de 1.300 personas que depositaron sus recursos a cambio del pago de interés.
Estas tres empresas habrían recibido dinero del público a través de «Acuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios», acompañados de pagarés que respaldaban la inversión y a cambio de intereses que superaban los establecidos por el Banco Central del Ecuador.
Según la Fiscalía, estas empresas no estaban facultadas por la Superintendencia de Bancos para captar dinero a cambio de intereses. También estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y presentaban irregularidades administrativas.
La fiscal Rodríguez sostuvo que los acusados habrían ocasionado un perjuicio de alrededor de 98 millones de dólares, debido a que no pagaron los intereses acordados ni devolvieron los montos de los depósitos.
La Fiscalía presentó entre los elementos de convicción, el informe de la Superintendencia de Bancos. En este documento se certifica que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.
Durante el anuncio de su resolución, la jueza Karen Matamoros manifestó que la Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes que hacen presumir que los acusados tenían conocimiento que las empresas a su cargo no tenían autorización para captar recursos públicos.
Investigación del caso
El 11 de junio del 2016 la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa. Este ciudadano habría recibido altas sumas de dinero, a través de empresas que no estaban autorizadas.
La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar intereses más altos por sus depósitos.
Se presume que con engaños se seguía captando el dinero, sin autorización de los organismos de control.
Dato:
La estafa está sancionada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de 7 a 10 años, por haberse cometido este delito contra dos o más personas y se realizó la captación de recursos por entidades no autorizadas.