Sentenciado por la violación de una menor: antes de cometer el delito amenazó e intimidó a su víctima
BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1050-DC-2020
Guayaquil (Guayas), 17 de noviembre de 2020.- Tribunal de Garantías Penales acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió sentencia condenatoria contra Carlos Alberto R. P. por el delito de violación y le impuso una pena privativa de libertad de veintinueve años y cuatro meses.
El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2019, en la cooperativa de vivienda Esmeraldas Chiquito, en el suroeste de Guayaquil.
Según la denuncia de la madre de la víctima, la menor (15 años) se trasladaba a su hogar, cuando fue interceptada por el Carlos Alberto R. P., quien la subió a la fuerza a su vehículo y la llevó hasta su domicilio, donde la agredió física, verbal y sexualmente.
La menor esperó que su agresor se descuidara para escapar de la vivienda. Cuando llegó a su casa explicó lo sucedido a su progenitora, quien solicitó a la Policía Nacional la asistencia necesaria, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos y el ya sentenciado fue detenido.
En la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Patricia Morán Espinoza, presentó, entre las pruebas, once testimonios: de los agentes investigadores de la Policía Judicial, de médicos peritos y psicólogos que intervinieron en el caso, de la madre de la afectada y el de la víctima (anticipado).
Como prueba documental, Fiscalía presentó los informes médico-legal, investigativo, psicológico y de reconocimiento del lugar de los hechos, además de la pericia de análisis de la toma de muestras a la afectada y la denuncia presentada por la madre.
También se incluyeron las pericias de entorno social y psicológico, que establecieron los factores de vulnerabilidad y afectación de la víctima, y la credibilidad en su relato anticipado, que permitieron determinar la materialidad del delito y responsabilidad penal del acusado.
El Tribunal Penal, integrado por los jueces Guedis Cevallos, Allison Ramírez y Edwin Logroño, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y dictó la condena, disponiendo, además, el pago de una multa de 1.500 salarios básicos unificados (600.000 dólares) y de una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima.
Los magistrados también ordenaron atención psicológica para la menor y su madre. Por su parte, Fiscalía solicitó el ingreso de la madre e hija al programa de Víctimas y Testigos, por las amenazas recibidas, presuntamente, por los familiares de Carlos Alberto R. P.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 171, inciso 1, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (amenaza e intimidación a la víctima), más las circunstancias agravantes estipuladas en el artículo 48, numeral 9, (conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción) del mismo cuerpo legal.
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