Sentenciada a 10 años de prisión por tráfico de migrantes
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 104-DC-2022
Quito (Pichincha), 09 de febrero de 2022.- El destino final era México. Hasta ese país pretendían llegar una mujer de 17 años de edad con su hija, de un año y cuatro meses, por medios irregulares.
La facilitadora de este viaje ilegal fue Alba Elizabeth V., sentenciada a una pena privativa de la libertad de 10 años, luego que un Tribunal de Garantías Penales la declaró culpable, en calidad de autora directa, del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Christian Fierro, fiscal especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 4), demostró la responsabilidad de la procesada en este delito imputado, con la presentación de pruebas periciales, documentales y testimoniales; mismas que fueron acogidas por los jueces para emitir sentencia condenatoria, pese a que en su testimonio anticipado la víctima se retractó de lo manifestado en su versión, rendida poco después de registrarse los hechos.
El Fiscal del caso logró demostrar su acusación con los testimonios del agente aprehensor, de las agentes aeroportuarias del Servicio de Migración del Aeropuerto Mariscal Sucre, de una perito psicóloga que entrevistó a la víctima, quien le contó que la procesada pretendía sacarla del país haciéndose pasar como su tía política, con pasaportes que ya tenía en su poder.
La aprehensión de Alba Elizabeth V. ocurrió el 14 de junio del 2021 en el aeropuerto de Quito. Los agentes de la Unidad de Tráfico de Personas de la Policía Nacional fueron alertados por el personal de la terminal aérea de un presunto tráfico de migrantes, pues lo manifestado en las entrevistas individuales hechas a la procesada y a la víctima no guardaron coherencia.
Información jurídica
En la audiencia de juicio, la Fiscalía probó que la procesada es responsable del delito de tráfico ilícito de migrantes, tipificado en el artículo 213, inciso tercero del Código Orgánico Integral Penal, que señala que si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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