Sentencia en caso ‘Emperador’ acredita el trabajo conjunto contra la trata de personas

                           
Quito, 5 de mayo del 2014.- Dos de los procesados en el caso ‘Emperador’ fueron sentenciados a 8 años de reclusión mayor y un tercero a 4 años. Esta es la primera vez que el trabajo coordinado entre Ecuador y Colombia contra el delito de trata de personas termina con sentencias en los dos países. 
 
El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura impuso una pena de 8 años para J.P.C.Q. y H.T.B.S., por considerarlos autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tipificado en el Art. innumerado 528.11 del Código Penal. D.E.G.B. tendrá 4 años de reclusión mayor, luego de determinar su presunta culpabilidad como cómplice.
 
El denominado caso ‘Emperador’ involucra a una red transnacional que operaba en Colombia y Ecuador. Las investigaciones de Fiscalía determinaron que, con supuestas ofertas laborales, las víctimas eran captadas en diferentes ciudades colombianas y trasladadas vía terrestre a Ibarra y otras urbes ecuatorianas.
 
Además se comprobó que las víctimas de trata de personas no son únicamente adolescentes, sino mujeres adultas. En el caso ‘Emperador’, las víctimas fueron mujeres de más de 18 años, que fueron captadas por la red internacional, trasladadas, sometidas y explotadas en el país.   
 
La Fiscalía inició la investigación de este caso, en julio del 2012, con base a la denuncia que presentó una de las víctimas, que se había escapado de sus captores. 
 
Con este antecedente, el 5 de abril del 2013, las autoridades de Ecuador y Colombia efectuaron un operativo coordinado en Ibarra, Quito y Tulcán (Ecuador) y en Ipiales y Bogotá (Colombia). Con la respectiva orden judicial allanaron varios centros de tolerancia y rescataron a 9 víctimas.
 
En esos sitios también se encontraron evidencias del cometimiento del delito como teléfonos celulares, fichas de atención a clientes, cuadernos con cuentas del negocio ilícito y sustancias estupefacientes.  
 
La Fiscal del caso aseguró que “el trabajo coordinado permitió acabar de raíz con esta estructura, desde donde empieza y termina el delito. Se logró la detención de los captadores”. 
 
En la audiencia de juzgamiento, realizada en Ibarra entre el 21 y el 27 de marzo del 2014, la Fiscalía presentó como prueba el testimonio urgente de la mujer que logró escapar. Ella narró que estuvo tres semanas en un centro de tolerancia de la capital imbabureña, sin recibir pago alguno y no se le permitía salir por su voluntad. El argumento de los captores habría sido que ella mantenía una deuda de 200 dólares por concepto del traslado.  
 
El fiscal de la causa, Pablo Herrera, consideró que si bien no se logró sentencia condenatoria para todos los cinco procesados, es muy importante dentro del trabajo que lleva adelante la Fiscalía en contra de este delito que afecta a miles de personas en el país y el mundo. 
 
En la audiencia de juzgamiento se demostró que los ahora sentenciados no lograron comprobar el origen de un patrimonio de alrededor de un millón de dólares, en bienes muebles e inmuebles que tendrían en diferentes partes del país. 
 
Además, habrían incurrido en otros delitos tributarios, aduaneros y lavado de activos, de acuerdo con los peritajes financieros que solicitó Fiscalía.  
 
La Fiscalía apelará la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, porque existen suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de los dos procesados que fueron absueltos.  Además continúan prófugos J.C.Q. y S.D.S.