Sentencia agravada de 21 años de prisión por el delito de prostitución forzada

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 276-DC-2022

Sentencia agravada de 21 años de prisión por el delito de prostitución forzada

Quito (Pichincha), 18 de abril de 2022.- Tras haber valorado las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a veintiún años y cuatro meses de pena privativa de libertad a Óscar Q., Félix C., Wilmert Q. y Frank F., como autores directos del delito de prostitución forzada, cometido en contra de tres jóvenes.

Los magistrados también dispusieron el pago de 30.000 dólares como reparación integral a las víctimas.

En la audiencia de juicio, la fiscal Paola Solís, especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 5), presentó entre los elementos probatorios: el testimonio anticipado de las víctimas, el testimonio de la exconviviente de uno de los sentenciados, quien también recibió amenazas e impulsó a las víctimas a denunciar el hecho imputado; el de la psicóloga, de la trabajadora social y de los agentes investigadores. A estos se sumaron, la valoración psicológica que practicada a las afectadas y la pericia de entorno social.

Además, la pericia de audio, video y afines evidenció que las jóvenes eran intimidadas con la utilización de un arma de fuego y machete, si no cumplían con el trabajo “encomendado”; y, la pericia informática forense, que verificó que les tomaban fotografías a las mujeres para publicarlas en una plataforma digital. Estás imágenes eran utilizadas para chantajearlas, a cambio de no contar a sus familiares a lo que se dedicaban.

Contexto

Las víctimas fueron contactabas a través de la red social Facebook por el procesado Óscar Q., quien –con engaños– las convenció de que trabajarían en la venta de zapatos para después obligarlas a prostituirse. Incluso, mantuvo una relación sentimental con unade las jóvenes, a quien golpeaba y amenazaba de forma constante.

De igual forma, las otras dos víctimas eran chantajeadas con el pago de “multas” si no “cumplían con el trabajo”. Las jóvenes –supuestamente– iban a ganar 180 dólares. No obstante, nunca recibieron el pago por sus servicios.

Óscar Q. y Frank C. actuaban como líderes y ejecutores. Mientras que Wilmert Q. transportaba a las jóvenes de un lugar a otro y Félix C. se encargaba de la alimentación y –a veces– del transporte de las víctimas.

Información jurídica

Fiscalía probó la responsabilidad de los procesados con base en el artículo 101, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, se consideraron las circunstancias agravantes del artículo 48 del mismo cuerpo legal.

 

 

 

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