Quito, 04 de noviembre del 2014.- El Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales de Pichincha, suspendió la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictámen contra 32 ciudadanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la Fiscalía, las investigaciones determinaron que las ciudadanas, de nacionalidad cubana, eran captadas en su país de origen por integrantes de una organización delictiva.

“Una vez ingresadas al Ecuador, bajo amenazas, eran supuestamente obligadas a realizar trabajos sexuales en diferentes centros de tolerancia en la ciudad de Quito. 

Rocío H., una de las víctimas, habría logrado escapar de un centro nocturno en el que estuvo presuntamente obligada a trabajar y rindió su testimonio urgente en la Fiscalía. «Las víctimas tienen derecho a no ser re victimizadas”, manifestó la fiscal del caso Tanya Moreno.

Los procesados fueron detenidos durante el operativo ‘Medusa’, realizado el 11 de abril del 2014 en Quito, en el cual se allanaron 22 centros de tolerancia y otros inmuebles ubicados en las zonas del centro y norte de la ciudad.

La fiscal expuso que ese operativo estuvo dirigido a ubicar y desarticular una organización conformada por ciudadanos de nacional cubana, colombiana y ecuatoriana; quienes se dedicarían al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la fiscal Tanya Moreno, las víctimas tenían una deuda inicial por un valor de 3.000 dólares. Este monto  cubría el trámite de elaboración de cartas de invitación y pasajes aéreos que eran costeadas por los infractores. Una vez en Ecuador la deuda supuestamente ascendía a 8.000 dólares. 

Asimismo dijo que según las investigaciones, muchas ciudadanas eran llevadas a los Estados Unidos, por lo que la tarifa ascendía hasta los 15.000 dólares, valores que debían ser cancelados mediante servicios sexuales en las supuestas casas de cita en esa ciudad.

El modus operandi para el traslado al Ecuador habría sido vía aérea, mientras que las víctimas que salían a los Estados Unidos, lo hacían por vía terrestre a Colombia; posteriormente por vía marítima a Panamá, Guatemala, México y finalmente, vía terrestre, hacia los Estados Unidos.

La diligencia fue suspendida en virtud que uno de los defensores públicos tenía otra audiencia. 

Esta diligencia, por el delito de trata de personas, se prevé reinstalarla a las 08:00 del 9 de diciembre del 2014 en el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales de Pichincha.

Dato:

El delito de trata de personas con fines de explotación sexual está tipificado en el artículo 528 del Código Penal y estipula una sanción de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria.