Se iniciará capacitación para nuevos jueces, fiscales y defensores públicos
Quito.- 541 fiscales, 300 defensores públicos y 1100 jueces serán capacitados para el ejercicio de sus funciones, una vez que la Asamblea Nacional apruebe el nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, que tipifica nuevos delitos.
El anuncio lo hicieron Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General de Estado y otras autoridades del sector justicia, en rueda de prensa realizada el 29 de octubre del 2013.
Las capacitación, que tendrá tres fases y durará 90 días, estará a cargo del Consejo de la Judicatura y comprenderá temáticas como: enfoque procesal; jurisdicción y competencia; actuación y valoración de la prueba; los procesos penales en el código; las técnicas de litigación oral; impugnación y recursos; establecimientos de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, entre otros.
La preparación, que se realizará de forma conjunta, estará a cargo de 14 docentes jueces y conjueces de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. También se incluirá a 48 capacitadores para el ámbito nacional, de fiscalía, defensoría, cortes provinciales, judicatura y así cubrir en el primer mes del proceso los conocimientos respecto al enfoque del tema procesal.
El proceso Incluirá 64 horas presenciales de conocimiento y de práctica en cuanto a la capacidad oral y para evitar audiencias fallidas, la capacitación se realizará viernes en la tarde, sábados y domingos, en cuatro fines de semana.
En este sentido, Galo Chiriboga Zambrano afirmó que la Judicatura y los operadores de justicia mantienen un trabajo conjunto en temas concernientes al sector.
“Ahora entramos en la capacitación, el plus es que se realizará en conjunto para que (todos) tengan interpretaciones adecuadas de cómo se llevan las audiencias, de esta manera unificar criterios comunes en cuanto a los conceptos básicos del derecho procesal ecuatoriano”, manifestó el Fiscal General.
Destacó que la protección a la víctima es fundamental, tanto como la garantía de los derechos constitucionales de los procesados: “Los jueces deben velar por las víctimas y sus derechos, a más de las garantías que tienen los procesados. A veces hay un desbalance en cuanto a la protección de los procesados en perjuicio de las víctimas”.