Se declaró la validez del proceso por estafa en el caso Proinco
La fiscal Susana Rodríguez litigó en la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional.
Quito, 29 de marzo del 2017.- Por el trabajo investigativo de la Fiscalía, la jueza Karen Matamoros declaró la validez del proceso judicial del caso Proinco, en el que siete personas son procesadas por estafa.
La audiencia de evaluación y preparatoria inició la mañana del 28 de marzo, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, y se reinstaló este miércoles 29 de marzo.
La fiscal Susana Rodríguez indicó que existen 1.300 perjudicados que realizaron depósitos por altas sumas de dinero a tres empresas: Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A., relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco. Estas empresas entregaron a los perjudicados pagarés que no fueron legalizados.
Las tres empresas habrían recibido dinero del público a través de «Acuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios», acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio pagaban dinero a plazos.
Según las investigaciones de la Fiscalía estas empresas no estaban facultadas por la Superintendencia de Bancos para captar dinero a cambio de intereses. También estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y presentaban irregularidades administrativas.
Además, la Superintendencia de Bancos certificó que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.
Al parecer, las personas asumían que iban a invertir en Proinco, pero realmente lo hacían en sociedades anónimas no reguladas por la Superintendencia de Bancos.
La fiscal Rodríguez informó que existe un perjuicio de alrededor de 98 millones de dólares.
Ayer, en el inicio de la diligencia, Santiago R., uno de los siete procesados en el caso Proinco, solicitó someterse al procedimiento abreviado, que consiste en aceptar el delito, a cambio del beneficio de la reducción de la pena. Ante este hecho la Fiscalía se opuso y se inició la diligencia por el procedimiento regular.
Según la fiscal Rodríguez no se dio paso al pedido de Santiago R. por tratarse de un delito que ha perjudicado a 1.300 personas y no se ha establecido una reparación integral real, como la devolución de los recursos a las víctimas.
La investigación del caso
El 11 de junio del 2016 la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa. Este ciudadano habría recibido altas sumas de dinero, a través de empresas que no estaban autorizadas.
La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar por sus depósitos intereses más altos.
Se presume que con engaños se seguía captando el dinero, sin autorización de los organismos de control.
Datos:
La estafa está sancionada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de 7 a 10 años de privación de libertad, por haberse cometido este delito por intermediación de otras empresas.
Alrededor de 100 abogados intervendrán en esta audiencia como representantes de los perjudicados.