Sala Penal dejó intacta la sentencia condenatoria contra femicida

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 545-DC-2022

Sala Penal dejó intacta la sentencia condenatoria contra femicida

Quito (Pichincha), 01 de agosto de 2022.- Por segunda vez, Fiscalía demostró la saña con la que José Luis U. G. cometió femicidio agravado en contra de Jeniffer C., su exconviviente y madre de su hijo de 6 años, por lo que se ratificó la pena agravada de treinta y cuatro años con ocho meses de prisión, como autor de este delito.

La defensa pidió a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha –en audiencia de apelación–, que cambie el tipo penal a asesinato, bajo el argumento de que Fiscalía no demostró la existencia de una relación de poder entre el agresor y la víctima (condición que diferencia el femicidio del asesinato).

La fiscal especializada en Violencia de Género, Diana Moya, respondió que entre otras pruebas, que lo señalaron como culpable, está la autopsia psicológica practicada al entorno social y familiar de la víctima. Esta pericia concluyó que el círculo de violencia sistemática que el agresor desplegó en la víctima –durante años– hasta matarla y develó el ejercicio de la relación de poder sobre ella, configurándose así el femicidio.

El crimen sucedió la tarde del 17 de junio de 2021, José Luis U. G. emboscó la joven de 21 años en la avenida de La Prensa, al norte de Quito. Para evitar que lo reconozcan, se vistió de negro y se colocó un pasamontañas.

Después de insultarla con escarnios referentes a su intimidad, le disparó tres veces en la cabeza y la golpeó cerca de 15 veces con el mango de la pistola en la zona de las heridas. “Este ensañamiento hacia la víctima fue una circunstancia agravante para elevar el tiempo de privación de libertad”, dijo la fiscal ante los jueces de segunda instancia.

Un círculo de violencia

Tal como lo hizo durante la etapa de juzgamiento, la Fiscal explicó las pruebas que señalaron a José Luis U. G. como autor de femicidio. Entre las principales están los testimonios de la madre, sobrina y amiga de la víctima, testigos de amenazas de muerte y agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

La madre afirmó que en 2015, cuando su hija tenía 15 años, fue violada y embarazada por el procesado, que en ese tiempo tenía 26 años y trabajaba como ayudante en un carro que repartía gas. Por años la acosó y amenazó, hasta que la joven accedió a vivir con él, “por darle un hogar a su hijo”.

La convivencia duró dos meses. En marzo de 2021 la joven se separó, por los constantes maltratos físicos y psicológicos hacia ella y su niño, “con la amenaza de que le iba a matar, ella se escapó”, precisó la testigo. Entonces el procesado entabló una nueva relación sentimental, mientras seguía asediando a la joven.

Su mejor amiga relató, durante su testimonio, que la víctima le contó cómo eran las agresiones e insultos, seguidos por las promesas de cambiar, incluso cuando empezaron las reiteradas amenazas de muerte si ella lo dejaba.

Dos semanas antes del femicidio, le dijo a su mejor amiga: “si me pasa algo, es el papá de mi hijo porque pasa amenazándome, me dice que a él no le da pena de matarme, muchas veces me dijo que si no era de él, no sería de nadie”, indicó.

El día del crimen, desde la calzada del frente, la sobrina de la víctima vio todo lo sucedido. Cuando él huyó de la escena, ella se acercó a su tía y –agonizante– le dijo “fue el papá de mi hijo, cumplió sus amenazas”. La joven llamó  al ECU-911, desde donde enviaron una ambulancia para trasladar a la víctima hacia el hospital donde murió, y alertaron del delito a la Policía, quienes persiguieron al agresor.

Escondido en la ‘cuyera’

Con la seguridad de haber consumado el delito y confiado en que nadie lo reconoció, el femicida se fue a su casa, en Colinas del Norte, para salir con su pareja a repartir gas. Sin embargo, al ver que las patrullas se acercaban, “me dijo que lleve los tanques, saltó del vehículo y corrió hacia la quebrada”, preciso la mujer.

Tras algunas horas de búsqueda, los agentes dieron con la vivienda de una tía de José Luis. La mujer negó haberlo visto, pero su nerviosismo la delató. La Policía allanó la casa y lo encontró escondido en el fondo de una covacha, adaptada para la crianza de cuyes.

Antes de ocultarse, José Luis se bañó y cambió de ropa, pero no avanzó a deshacerse de las prendas que llevaba puesto. Al ser sometidas a las pericias de cotejamiento de ADN, unas manchas marrones dieron positivo para el perfil genético de la víctima. Además, en el barrido electrónico realizado al agresor, se detectó pólvora en la mano derecha.

La fiscal también relató a los jueces de la Sala Penal, el testimonio del perito que practicó la extracción de la información del teléfono de la joven. En los chats que mantenía con el agresor, estaban registradas los múltiples insultos y amenazas. Uno de ellos decía: “voy a comprar una pistola de 5 mm y te voy a matar”.

Respecto al femicidio, el Tribunal Penal, precisó que “el maltrato, intimidación y acoso del hombre para mantener bajo su control y dominio a la mujer, el aumento de la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de pertenecerle y la muerte que al final le causa para que no sea de nadie más, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, por razones de género”.

Víctimas secundarias

La Sala Penal dejó intacta la sentencia condenatoria, tanto en la pena como en la reparación integral: el procesado tiene que entregar a su hijo, víctima indirecta del acto femicida, 36.000 dólares. El fallo alcanza a tres Ministerios: de  Salud Pública, que debe ingresar al hijo y a la madre de la víctima a terapias psicológicas; al de Educación, a fin de que se garantice la preparación académica del infante; y, al de Inclusión Social, con el objetivo de que el niño reciba el bono a huérfanos a consecuencia de Femicidio. También debe considerarse al niño para los planes de vivienda social, a través de su abuela materna, que ahora es su protectora y representante legal.

 

 

 

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