mayo 28, 2014
Sala Penal de la Corte Nacional ratificó sentencia por delito de rebelión, caso 30S
Quito, 28 de mayo de 2014.- Por unanimidad, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ratificó la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha contra J.L. por su presunta responsabilidad en el delito de rebelión durante los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, (30S).
En la audiencia realizada este 28 de mayo, el Tribunal de la Sala Penal integrado por los jueces Lucy Blacio, Jorge Blum y Paúl Iñiguez, declararon improcedente el recurso de casación, pues consideraron que no existen violaciones a la ley en la sentencia impugnada.
Raúl Garcés, quien intervino en representación de la Fiscalía General del Estado, en su argumentación sostuvo que en este caso se comprobó la materialidad de la infracción así como la responsabilidad del sentenciado como autor del delito de rebelión, tipificado en el Art. 218 del Código Penal y sancionado en el Art. 221 del mismo cuerpo legal.
Esto, dijo Garcés, se demostró a través de una pericia de reconocimiento facial, experticia que dio como resultado que hay un 99% de certeza de que los rasgos analizados coinciden con la identificación de J.L.
Además, mencionó que no se violó ningún derecho constitucional en cuanto a la valoración de las pruebas. Asímismo, la Fiscalía consideró que el fallo se encuentra debidamente motivado.
Finalmente, Garcés expresó que al analizar la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se evidenció que se aplicaron los principios constitucionales y las normas legales correspondientes, por lo que solicitó se rechace el recurso.
J.L. fue sentenciado por intimidar a un periodista del sector público, a quien arrebató su herramienta de trabajo: una cámara fotográfica: que fue incinerada en las afueras del Regimiento Quito N. 1, durante el 30S.
Datos:
El 10 de febrero de 2014, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, negó el recurso de apelación a la sentencia solicitado por J.L.
El 22 de noviembre de 2013, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión a J.L. y al pago de 2.980 dólares como compensación por los daños ocasionados a la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República.