El grado de responsabilidad de Juventino P., acusado en calidad de  autor, se determinó con los resultados de  labores de inteligencia de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía Nacional de Ecuador, en conjunto con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, las cuales determinaron los posibles nexos existentes entre los miembros de esta organización narcodelictiva.

Mediante la Asistencia Penal Internacional, la Fiscalía solicitó a la entidad norteamericana que proporcione información sobre la investigación que desarrolló en su país y en la que actuó un agente encubierto Michael (nombre protegido), de ICE (Inmigrations and Customs Enforcement), quien logró tener contacto con los miembros de la red narcodelictiva.

En su informe, la directora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos División Criminal, Magdalena Boyton, indicó que referente a la solicitud ecuatoriana se realizó de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal.

En dicha documentación, compilada en 8 carpetas, se informa sobre la investigación relacionada al tráfico ilícito de cocaína desde Ecuador a Estados Unidos. Así se obtuvo los reportes de grabaciones de una llamada telefónica entre el oficial de ICE y Juventino P., además de conversaciones mediante correo electrónico y demás información coadyuvante que vincula de manera directa al ciudadano en mención en este ilícito.  

La fiscal María Coloma, quien investigó este caso, informó que previo a esta audiencia se efectuó otra para sustentar el criterio del Fiscal Provincial del Guayas sobre la ratificación de la sentencia, misma que fue acogida por los jueces.