Pruebas de la Fiscalía, claves para la sentencia condenatoria del caso ‘Prometeo’

La audiencia del caso Prometeo duró 14 días. Toda la documentación del caso fue presentada en el juicio.

Manta, 4 de marzo del 2016.- El juicio seguido por la Fiscalía Provincial de Manabí, en el caso ‘Prometeo’, finalizó con una sentencia de 17 años de privación de libertad en contra de Darío M. y de 13 años para Juan E., Cindy Z. y Zoila D. por lavado de activos.

La resolución fue hecha pública al final de la audiencia de juzgamiento, desarrollada este jueves 3 de marzo.

En la diligencia, el Tribunal Único de Garantías Penales de Manta consideró contundentes las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía en este caso, entre las cuales está la pericia que determina que los 4 procesados tenían en sus cuentas operaciones económicas injustificadas.

El informe detalla que los acusados registraban cuentas bancarias con más de 300.000 dólares, dinero que no se justifica con sus salarios, los cuales no sobrepasaban los 1.000 dólares mensuales.

El fiscal Estuardo Flores, a cargo del caso, indicó que en la investigación se evidenció que los movimientos económicos se realizaban a través del manejo de una empresa que exportaba e importaba mariscos en Manta.

En el caso de Zoila D., contadora de la empresa pesquera, se determinó que poseía a su nombre propiedades y vehículos cuyos valores superarían los 300.000 dólares, a pesar de que su remuneración no era mayor a los 700 dólares.

En la audiencia, la Fiscalía también presentó como prueba un informe sobre el resguardo de activos de origen ilícito, en el cual consta que Cindy Z., registra a su nombre varios bienes avaluados en alrededor de 1 millón de dólares.

En poder de los otros acusados también se detectó la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de manera injustificada, entre los cuales constan vehículos, casas,  motocicletas y yates.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó además los testimonios de funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y agentes de la Policía Nacional. Ellos sustentaron toda la documentación incorporada al proceso que tienen relación con cheques, depósitos y transferencias irregulares.

El fiscal Flores indicó que con base a todos estos elementos probatorios, el Tribunal resolvió imponer las penas correspondientes a los involucrados y ordenó el comiso especial de todos los bienes muebles e inmuebles, con el fin de que pasen a poder del Estado ecuatoriano.