Prisión preventiva por presunta comercialización de pornografía infantil
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 111-DC-2023
Prisión preventiva por presunta comercialización de pornografía infantil
Guayaquil (Guayas), 07 de febrero de 2023.- Juan Luis C. F. fue procesado por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Él fue detenido en un operativo ejecutado el viernes 3 de febrero en una vivienda del sector de Tres Postes, cantón Jujan, ubicado a 60 kilómetros al noreste de Guayaquil.
El Juez de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de Flagrancia presentó los elementos de convicción que harían presumir la participación del procesado en el hecho, entre estos: el parte de detención y los informes investigativos, junto a los reportes de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias )como dispositivos electrónicos).
También informó que las direcciones IP de la ciudad de Guayaquil, descubiertas en la investigación, permitieron determinar el lugar de donde se subían, compartían y descargaban imágenes con contenido sexual, junto con la certificación de la operadora de servicio de internet, que concuerda con el domicilio del procesado.
Además, presentó cerca de 2.300 elementos o archivos de imágenes y videos relacionados a pornografía infantil.
La Fiscalía del Guayas inició una investigación en marzo de 2022, tras haber recibido un informe en el que indicaba que –por denuncia reservada– se tenía conocimiento de que un ciudadano enviaba material pornográfico a través de redes sociales y correos electrónicos. En el proceso investigativo se contó con la asistencia internacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (H.S.I.).
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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