Prisión preventiva para dos ciudadanos por presunto tráfico de drogas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 335-DC-2023
Prisión preventiva para dos ciudadanos por presunto tráfico de drogas
Manta (Manabí), 11 de abril de 2023.- Dos personas fueron detenidas cuando transportaban cerca de 1.5 toneladas de cocaína. La Fiscalía General del Estado las procesó por presunto tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y, con el sustento de los elementos de convicción recabados, solicitó que se les dicte prisión preventiva, pedido que fue aceptado por una Jueza de Garantías Penales.
La Magistrada también dispuso el decomiso de la droga encontrada en poder de los dos procesados y el inicio de la instrucción fiscal por 30 días, al tratase de un delito calificado como flagrante.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la causa informó a la Jueza que los dos procesados fueron interceptados en altamar, cuando pretendían transportar 1.5 toneladas de droga, que se encontraba camuflada al interior de la lancha donde viajaban.
A su arribo al puerto de Manta, luego de descargar el alcaloide, se determinó que la sustancia que transportaban era cocaína, por esa razón fueron detenidos y puestos a órdenes de Fiscalía, para su procesamiento penal.
Luego de las primeras diligencias se conoció que los dos detenidos, que son padre e hijo, partieron del cantón Jaramijó y su posterior ubicación se estableció –a 170 millas náuticas de Manta–, gracias a trabajos de inteligencia de la Policía Nacional en coordinación con la Armada del Ecuador.
Entre los principales elementos de convicción presentados por Fiscalía figuran las versiones de los miembros de la Armada del Ecuador que intervinieron en el procedimiento de captura, el acta de pesaje de la sustancia ilícita (que dio positivo para cocaína), el reconocimiento del lugar de los hechos y el acta de levantamiento de evidencias.
Información jurídica:
El artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de hasta trece años.
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