Por primera vez en Ecuador, nueve personas son llamadas a juicio por caso de lesa humanidad
Quito, 21 de marzo de 2014.- Con la presencia del fiscal General, Galo Chiriboga, la jueza nacional Lucy Blacio llamó a juicio a 9 de los 13 procesados en el caso de lesa humanidad ‘Cajas, Vaca, Jarrín’. Además, ratificó las medidas cautelares dictadas en su contra, a fin de garantizar su comparecencia en el proceso y la reparación a las víctimas.
Los llamados a juicio son L.P., J.A., M.D., J.V., M.A., N.E., G.R., F.R. y E.V. En su resolución, Blacio determinó que existen graves presunciones de que los nueve ciudadanos cometieron el delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma, Art. 7, instrumentado en encarcelamiento ilegal, violencia sexual y desaparición forzada.
En el caso de E.V., ex general de Policía, la Magistrada dijo que se presume que él pertenecía a la cadena de mando y poder instalado en el país entre 1984 y 1988.
Sin embargo, para M.L., E.M. y W.Ch. Blacio dictó sobreseimiento provisional del proceso y sobreseimiento definitivo de los procesados en respuesta a la solicitud de la Fiscalía que, por falta de elementos de convicción, se abstuvo de acusarlos. En esa misma resolución consta J.C. En este sentido la Jueza dispuso que se levanten las medidas cautelares que habían en contra de estas cuatro personas.
Tras conocer el pronunciamiento de la magistrada, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, manifestó que “acepta la resolución de la jueza Lucy Blacio.
El Fiscal General expresó que “ahora este caso será sometido a un tribunal y la Fiscalía tendrá la responsabilidad jurídica de comprobar en el juicio lo que ha venido sosteniendo”.
Chiriboga Zambrano enfatizó que por primera vez en la historia del país se judicializa un caso de lesa humanidad. “Lo que desde el punto de vista de los derechos humanos demuestra un adelanto. No se busca venganza sino la reparación a las víctimas”, acotó.
En la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, desarrollada del 12 al 14 de marzo del año en curso, el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, acusó a 10 personas en calidad de autoras. Así también se abstuvo de imputar a tres ciudadanos por no contar con evidencias que determinen su participación en los hechos que se investigan.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la audiencia constan: versiones, documentos desclasificados del Ministerio de Defensa, informes periciales de los reconocimientos de los lugares donde fueron detenidas las víctimas, informes psicológicos, entre otros.
Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, resaltó que “estoconstituye un evento histórico y cada día se va creando historia con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Ecuador”.
Estos juicios “no se llevan únicamente en contra de los perpetradores materiales, sino también en contra quienes quienes diseñaron, planificaron la manera de violentar derechos humanos contra la población civil”, enfatizó Jaramillo.
Datos:
De los nueve llamados a juicio, 8 son exmilitares y un expolicía.
De los sobreseídos tres son exmilitares y un expolicía.
Este caso se remonta a noviembre de 1985, cuando Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin ninguna orden judicial.
Luego los tres ciudadanos fueron trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.
A pesar de que las autoridades negaban haberlos detenido, se corroboró que sí lo hicieron.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente.
Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el Fiscal General manifestó que en la época en que sucedieron los hechos existió un aparataje estatal que, a través de la fuerza pública, militar y policial, se creó un plan militar de defensa interna para contrarrestar la supuesta subversión.