Por ausencia de un abogado defensor no se instaló audiencia en caso ‘Amada Suárez’

 
El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga (izq.) junto a Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.

Quito, 19 de febrero del 2016.- Por considerar fundamental la presencia de uno de los abogados de la defensa, el juez nacional Miguel Jurado, no instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato como ejecución extrajudicial de Amada Suárez.

El juez Jurado tomó esta decisión porque Jorge A. cambió a su abogado defensor de último momento. Así también, Jurado mencionó que notificará a las partes la nueva fecha para la instalación de la audiencia.

Para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, este diferimiento se debió solicitar con antelación “para que el nuevo defensor tenga tiempo y pueda preparar su defensa”. 

El Fiscal General, quien litigia este caso, explicó que el protocolo de autopsia médico legal de Amada Suárez, determina que la causa de su muerte fue una hemorragia aguda interna por penetración de proyectiles de arma de fuego en tórax y abdomen.

“Se incumplieron los estándares internacionales de uso progresivo y adecuado de la fuerza por parte de agentes encargados en cumplir con la diligencia”, dijo Chiriboga Zambrano en base en la pericia del uso de la fuerza en el operativo.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos en este caso el 25 de septiembre del 2015, dentro de la investigación por asesinato, sucedido hace 24 años, como violación grave a los derechos humanos, que por sus circunstancias, en el derecho internacional y en el sistema interamericano de derechos humanos se conoce como ejecución extrajudicial, por lo tanto no prescribe.

Amada Suárez Mejía murió en enero de 1992, tras recibir 19 disparos mientras dormía. Fue la madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, conocido como “el niño del terror”.

Habría sido ejecutada extrajudicialmente en el operativo realizado en el domicilio de la víctima por los integrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), de la Policía Nacional, para capturar a su hijo.

El 22 de diciembre del 2015, se incluyó en el proceso a Lenin V., comandante General de la Policía Nacional en 1992, quien a la fecha de los hechos gozaba de fuero de Corte Nacional. Por esta razón el Fiscal General sustenta el proceso penal.

También fueron vinculados Jorge Z., excomandante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Segundo R., exjefe Provincial de la Oficina de Investigación del Delito (OID).

Igualmente fueron incluidos Holguín Ñ. y Felicísimo A., Comisarios Cuarto y Segundo de Policía, a la fecha en que sucedieron los hechos.

Además consta Segundo E., Walter A. y Fausto C., exintegrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). 

El caso de Amada Suárez es el séptimo proceso relacionado con graves violaciones a los Derechos humanos que judicializa la Fiscalía General del Estado.