Pena agravada para el segundo sentenciado por el asesinato de un ejecutivo de ventas


BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 225-DC-2023

Pena agravada para el segundo sentenciado por el asesinato de un ejecutivo de ventas


Quito (Pichincha), 09 de marzo de 2023.- Fausto René F. S. fue sentenciado a cumplir la pena agravada de treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad, como coautor del asesinato de Carlos Manuel M., a quien –junto con otras personas– colocó en situación de indefensión: cometió el crimen para preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción y para asegurar los resultados o impunidad de otro delito.

La víctima fue un ejecutivo de ventas de una empresa importadora de electrodomésticos, radicada en Quito. Su familia lo reportó como desaparecido el 19 de diciembre de 2018 y Dinased lo localizó sin vida el 27 de diciembre del mismo año.


Con la prueba practicada por Fiscalía en la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales –considerando veintitrés testimonios y demás pruebas documentales– declaró la culpabilidad del procesado y le impuso el pago de 100.000 dólares como reparación integral para la familia de la víctima.

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal del caso, Samuel Orlando Benavides, demostró que el sentenciado –prófugo por más de cuatro años– planificó y ejecutó el delito en coautoría con otras dos personas.


“Se salió de las manos”.

Fausto René F. S., junto con su hermano, Pablo Santiago A. S. –ya sentenciado a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad por los mismos hechos– y Nehomar R. M. (todavía prófugo), planificaron robar 75.000 dólares en electrodomésticos a una empresa importadora en la que los dos últimos trabajaron durante algunos años y eran compañero de la víctima en el departamento de ventas.

Es decir, conocían el movimiento interno, los sellos que se manejaban en la importadora, los procesos para vender al por mayor a través de mensajería instantánea y los mecanismos para sacar la mercadería de las bodegas.


En ese contexto laboral, Pablo Santiago A. S. y Nehomar R. M. conocieron a Carlos Manuel M. (+) y sabían la cartera de clientes que manejaba. Entonces, necesitaban su celular y claves de acceso para realizar una compra ficticia a nombre de un cliente AAA que manejaba la víctima.

Para lograrlo, le pusieron una trampa.

Días antes del crimen, alquilaron un local, ubicado en el centro norte de Quito. Al dueño del edificio le dijeron que levantarían una oficina de turismo. También rentaron un vehículo.


El 19 de diciembre de 2018, la víctima acudió a una cita, concretada vía telefónica –la tarde anterior– con Fausto René F. S., a quien la víctima no conocía. Le dijo que necesitaba hacer una compra de electrodomésticos.

Cuando Carlos Manel M. llegó a la oficina, el ahora sentenciado le hizo ingresar a la oficina. Pero, al cerrarla, fue sometido por el sentenciado Pablo Santiago A. S. y el otro acusado que sigue prófugo. Ambos estaban encapuchados.


Carlos Manuel M. opuso resistencia, por ello lo golpearon y lo ataron de manos y pies con cinchos. Cubrieron su cabeza y rostro con gorros de uso quirúrgico y lo envolvieron completamente con cinta de embalaje. Aunque los sentenciados dijeron que no estaba planificada la muerte de Carlos Manuel M., porque solo querían quitarle el celular, todo “se salió de las manos”. La forma como lo embalaron le segó la vida por asfixia.

En el momento del forcejeo, el ruido alertó al dueño del edificio –que tenía vacías todas sus oficinas, excepto esa, y ese momento hacía la limpieza del piso– por lo que golpeó la puerta para preguntar si todo estaba bien. Fausto René F. S., apenas abrió y le dijo que estaba limpiando el local porque ya iban a pasarse para empezar a laborar.


Los otros dos le quitaron el celular a Carlos Manuel M. y, mientras se asfixiaba hasta morir, pusieron su huella digital en el teléfono y accedieron a sus aplicaciones. Hicieron –a nombre de Carlos– un requerimiento de electrodomésticos por 75.000 dólares.

Tras haber abandonado a la víctima en la oficina, los criminales se trasladaron hasta el sector de Carcelén Industrial. Ahí alquilaron un camión y entregaron al conductor unos sellos para retirar la mercadería a nombre del cliente de Carlos. Desde un lugar de Carapungo, monitorearon con un dron la marcha del vehículo.


Pero les falló el cálculo del tamaño del cajón del automotor, ya que no alcanzó la mercadería que intentaban sustraer. El despachador de la importadora llamó a Carlos, pero no contestaba. Entonces se comunicó con el cliente AAA para pedirle un camión más grande; sin embargo, les respondió que él no ha hecho ninguna compra.

Saltaron las alarmas de un posible robo en curso y la Policía acudió al lugar. Los perpetradores dejaron todo y huyeron.


Este relato fue demostrado por el Fiscal del caso, a través de los testimonios presentados, que situaron al ahora sentenciado en la escena del delito, pues estuvo presente en el alquiler del vehículo, arrendó la oficina (quince días antes de los hechos), llamó a la víctima para citarlo en aquel lugar y, el 19 de diciembre de 2018, condujo a la víctima al interior de dicho local para provocarle la muerte.


Información jurídica

El caso fue sentenciado bajo el artículo 140 (asesinato), numerales 2, 7 y 8, más las circunstancias agravantes del artículo 47, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

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