Los hechos ocurridos el 30S no quedarán en la impunidad

Los hechos del 30S comenzaron en el Regimiento Quito Nº 1, norte de la capital. Fotos: Cortesía El Telégrafo

Quito, 24 de septiembre del 2015.-  Hasta la fecha, 31 fallos por los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30S) se han logrado gracias al impulso dado a las investigaciones por la actual administración de la Fiscalía General del Estado.

Dentro de estos 31 casos, 251 personas, entre policías, militares y civiles, fueron sentenciadas por participación durante el 30S. Además, 41 causas se encuentran activas en la actualidad.

Todo esto se debe al afán de la Fiscalía General del Estado de evitar que los hechos del 30S se queden en la impunidad.

Con ese objetivo, la Fiscalía efectuó una serie de acciones, entre estas acudió a la asistencia penal internacional de Colombia, Venezuela y Perú para que las investigaciones sean profesionales, técnicas e imparciales. “No cabe que la Policía investigue a sí misma”, aseguró el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano.

A la Fiscalía General de la Nación de Colombia, por ejemplo, se pidió el reconocimiento de evidencias balísticas dentro de las investigaciones por las muertes de los policías Froilán Jiménez y Edwin Calderón Landeta  y  de los militares Darwin Panchi y  Jacinto Cortez.

Esta evidencia fue sometida al análisis de inspección ocular técnica y reconocimiento balístico por parte de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación del Departamento de Criminalística de la Fiscalía de Colombia.

Según el Fiscal General, en los casos por las muertes de los soldados Panchi y Cortez ya se cuenta con la evidencia necesaria. “Ellos fueron enterrados sin siquiera una autopsia. Tuvimos que hacer una acción urgente (exhumar los cadáveres y extraer los proyectiles que causaron las muertes) para reactivar esos procesos”.

Esos proyectiles fueron analizados en Colombia. Ahora la Fiscalía espera que se levante la reserva por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para identificar a qué arma pertenecieron las balas y quién era el portador. Con esa información, estos casos se llevarán ante los jueces.

Ese mismo procedimiento ya se hizo en el caso del estudiante Juan Pablo Bolaños. Tras el análisis de los proyectiles se revisaron más de 800 armas en el rastrillo de la Policía y se logró una sentencia por homicidio contra el teniente de Policía, Francisco G., de seis años de reclusión mayor ordinaria.

Dentro de los procesos impulsados por la actual administración de Fiscalía también se solicitó la designación de expertos para que realicen pericias de secuencia de imágenes y cotejamiento morfológico de personas procesadas en diferentes casos.

Asimismo, en la investigación por el presunto plagio al Presidente de la República, del 3 al 8 de septiembre del 2015, se realizó la  reconstrucción de los hechos. Para ello se contó con siete expertos venezolanos, en el marco de una asistencia penal internacional requerida a dicho país. Se pidió a Venezuela, ya que este país cuenta con una unidad especializada en investigación de hechos relacionados con violación a derechos humanos ejecutados por funcionarios públicos como policías y militares.

Esta diligencia contó por primera vez con la participación del presidente Rafael Correa en calidad de agraviado. Además, acudieron todos los actores políticos, civiles y de la fuerza pública que tuvieron una participación relevante el 30S. De igual manera se recrearon todos los escenarios de aquella jornada en el entonces Regimiento Quito No. 1 y en el Hospital de la Policía.

La reapertura de casos

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Otro punto a recalcar es que la Fiscalía reabrió procesos cerrados y se iniciaron nuevas investigaciones de hechos que se encontraban impunes.

La inadecuada definición de una línea institucional de investigación por parte de la anterior administración de la Fiscalía General luego de los hechos del 30S provocó una dispersión procesal de los casos.

Como consecuencia, 15 procesos fueron archivados y desestimados sin agotar las diligencias necesarias para llegar a la verdad de lo ocurrido el 30S.

Pero la administración actual de la Fiscalía General del Estado realizó un análisis de la viabilidad jurídica para la reapertura de los procesos concluidos de manera inadecuada, con base en nuevos elementos de convicción.

De allí que de las 15 causas cerradas, ocho fueron reabiertas en siete provincias: El Oro, Carchi, Imbabura, Loja, Pastaza, Morona Santiago y Manabí. Estos casos se encuentran en etapa intermedia (con llamamiento a juicio) y en fase de juzgamiento.

Las causas nuevas

Expertos venezolanos hicieron las pericias durante la reconstrucción de los hechos del 30S, en el entonces Regimiento Quito Nº 1. Foto: Fiscalía

En abril del 2014, la Fiscalía  inició un proceso de investigación del destino que tuvieron los partes informativos elaborados por la Policía Nacional luego de lo ocurrido el 30S.

Las investigaciones determinaron que de 29 partes informativos, únicamente 14 fueron remitidos a las fiscalías provinciales. Es decir, 15 permanecieron en las dependencias policiales (comandos de Distrito, Policía Judicial, Inspectoría General de la Policía).  

Así es que, por disposición del Fiscal General del Estado, se remitieron los partes policiales realizados por la Inspectoría General de la Policía Nacional a las diferentes provincias. Estos sirvieron para reforzar las indagaciones abiertas o iniciar las investigaciones correspondientes.

Producto del análisis de la información por parte de las fiscalías provinciales, a mediados del 2014, se iniciaron 12 nuevas investigaciones. Siete están en Pichincha y las cinco restantes en Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, El Oro, Bolívar y Santa Elena, las cuales actualmente se encuentran próximas a entrar en fase de juzgamiento.

Galo Chiriboga insistió que la Fiscalía seguirá impulsando las investigaciones sobre los posibles golpe de Estado y plagio al Presidente de la República para buscar evidencias que permitan sustentar ante los jueces lo ocurrido hace cinco años.

Al respecto, el Fiscal General aseguró que “el gran perjuicio de esto es que el pueblo ecuatoriano no pueda saber la verdad sobre estos hechos en tiempo oportuno. Pero más vale saber cinco años después a que queden en la impunidad”.