La cooperación internacional, una respuesta para combatir la trata de personas
La trata de personas con fines de explotación sexual es un delito convertido en negocio que deja ganancias billonarias y también millones de vidas destrozadas. Solo en 2012, en el mundo, el lucro fue de 99.000 millones de dólares y el saldo de víctimas fue de 21 millones de personas.
Es un delito transversal a las fronteras de los países, manejado por organizaciones delictivas con conexiones en todos los estratos sociales de las naciones donde opera. La base de ese poder económico es la vulnerabilidad de las personas a las que explota.
“Por la naturaleza del delito, la trata tiene raíces fuera de los países. Son redes que pertenecen al crimen organizado y se dedican a llevar a niños, niñas y adolescentes para la explotación sexual”, dijo Paulina Garcés, asesora de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su Protocolo contra la Trata de Personas, señala que este delito se incrementa en “proporciones epidémicas” y, es la sexualidad concebida como un “bien protegido” por Declaración Universal de los Derechos Humanos, el bien jurídico vulnerado.
Combatir esta pandemia social requiere del trabajo transnacional articulado de los operadores de justicia cuando los perpetradores de estos delitos son detenidos en países de los que no son originarios, “el intercambio de información con fiscales de otros países es necesario para formular cargos”, sostuvo el fiscal ecuatoriano, Oswaldo Carvajal.
Colaboración Internacional
La Operación ‘Spartacus II’, desplegada simultáneamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador, es una muestra de la unión de las naciones en contra de la trata de personas, comenta Carvajal.
Esta secuencia de operativos ejecutados desde el 1 de mayo al 15 de junio del 2014, basándose en investigaciones realizadas por la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, tuvo como resultado la recuperación de 300 víctimas a escala regional, que iban a ser trasladadas y comercializadas en el desarrollo del mundial de Fútbol Brasil 2014.
En la primera operación ‘Spartacus’ que se realizó en América Latina en 2012, se rescató a 357 víctimas y se aprehendió a 198 personas.
Pero la judicialización de este tipo de casos es difícil. El miedo de la víctima es el mayor de los obstáculos para llevar estos casos a los tribunales penales, dice la asesora de Fiscalía General ecuatoriana, Paulina Garcés, “la víctima ha sido recluida, ha sido amenazada y no solamente ella, la amenaza también pesa sobre sus familias”.
Otro de los problemas que limita la investigación de este delito es que la trata de personas en las sociedades es considerada como algo “normal y entonces no queremos combatirla”, precisa la fiscal contra el Crimen Organizado, Thania Moreno.
Los tratantes disfrazan la explotación sexual con ‘prostitución’, actividad que no es penalizada, y entonces es ‘normal’ que las mujeres se dediquen a este oficio porque ‘les gusta el dinero fácil’. Estos son los patrones culturales que pesan en la investigación “porque está en todos los niveles, incluso entre los operadores de justicia”, explica Moreno.
Y a pesar de los inconvenientes, datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado registran que para el 2013 la denuncia de estos casos se incrementó en un 12,8% en relación al 2012, como resultado de un trabajo de sensibilización con las víctimas. Además, entre enero del 2012 y marzo del 2014 se consiguieron 17 sentencias condenatorias por este delito.
Asimismo, la Unidad de Información Criminológica de la Fiscalía General explica que el mayor número de víctimas (89%) es adolescente entre los 15 y 17 años, mientras que la edad máxima se ubica en los 32.
Le ocurrió a “Marta”
Leyendo un proceso penal, que reposa en la Función Judicial de Pichincha nos encontramos con el de ‘Marta’, una ciudadana colombiana que trabajaba en un local de comidas, pero al quedar desempleada, una falsa propuesta laboral llamó su atención.
El dueño de una peluquería que ella frecuentaba le contó que enviaba a chicas para varias partes de Colombia y también fuera del país hacia Perú, España, Portugal y Ecuador.
Según consta en el proceso, ‘Marta’ y otras seis jóvenes se sintieron atraídas por el salario y las comisiones que cobrarían, a pesar de que ya sabían que se trataba de prostitución.
Las mujeres se embarcaron en un bus rumbo a Ecuador. En cada parada había gente de la organización que pagaba su transporte y les proporcionaba alojamiento y comida.
Bajo la fachada de una tienda, en la ciudad colombiana de Ipiales, se falsificaban varios documentos debido a que en el grupo había mujeres menores de 18 años.
Y así, apenas iniciada su travesía, ‘Marta’ y sus compañeras de viaje estaban ya endeudadas en más de 200 dólares, pues según sus captores debían costear sus “viáticos”.
Con los papeles en mano las víctimas fueron trasladadas a diferentes ciudades de Ecuador para trabajar en clubes nocturnos, de primera categoría para las más agraciadas y, a los denominados “chongos”, para las que no lo eran, como ‘Marta’.
Embriagadas o bajo el efecto de algún narcótico, las mujeres eran forzadas a mantener relaciones sexuales con más de ocho clientes al día. Nunca tuvieron en sus manos la remuneración ofrecida, al contrario, solo fichas para ser canjeadas por alimento o licor, a más de multas de entre 30 y 40 dólares en caso de atraso o mala conducta.
‘Marta’ trabajó con cerca de 80 mujeres en ese “chongo”, ahí fue violada y obligada a trabajar al día siguiente de ese ultraje, hasta que logró escapar con ayuda de un cliente, según está escrito en el proceso.
Fiscalía y la reparación a las víctimas
Con la tipificación de la trata de personas y sus variables, entre ellas el de explotación sexual y laboral, en el Código Orgánico IntegralPenal (COIP), vigente desde agosto del 2014, este delito ya no será confundido con otros similares.
“En el Código Penal anterior estaba ubicado en el capítulo de los delitos de explotación sexual o era involucrado con el de proxenetismo. Hoy está plenamente identificado, como grave violación a los derechos humanos”, explica Thania Moreno.
Uno de los principales desafíos de la actual administración de la Fiscalía General del Estado es salvaguardar a las víctimas de este delito mediante el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, SPAVT.
Primero se identifica y rescata a la víctima del sistema de explotación. Si decide pertenecer al Sistema de Protección, este se articula con instituciones de gobierno para restituir integralmente los derechos de la víctima.
La Corte Penal Internacional de UNASUR
Sin embargo, las alianzas internacionales son los blindajes con los que los Estados deben enfrentar el avance del crimen transnacional organizado. Frente a esta coyuntura, la propuesta con la que Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, asumió la dirección de la Institución a mediados de 2011, fue la estructuración de una Corte Penal Internacional.
Este organismo judicial tendría como suscritos a los países de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) donde se establecerían criterios penales comunes respecto a delitos transnacionales como la trata de personas. No tendría injerencia en temas relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
«Existe una necesidad impostergable para perseguir a la delincuencia transnacional que opera en buena parte de nuestros países», afirma Chiriboga Zambrano.
Este planteamiento fue presentado a fiscales de Argentina, Perú, Venezuela, Colombia y en la XXI Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que se realizó en Quito en noviembre del 2013.
Para octubre del 2014, está prevista la presentación del proyecto ante los 12 fiscales y procuradores generales que conforman la Unasur con miras a llevar la propuesta a una próxima cumbre presidencial.