Fiscalías de Ecuador y Colombia impulsan trabajo coordinado contra la delincuencia
Fiscalías de Ecuador y Colombia impulsan trabajo coordinado contra la delincuencia
Tras dos días de análisis e intercambio de información de los delitos comunes que se cometen en zona fronteriza, finalizó el taller binacional de fiscales y policías de Ecuador y Colombia.
Entre más de 70 asistentes a esta cita que se realizó en Esmeraldas, se ratificó la cooperación para impulsar un trabajo conjunto entre fiscalías y policías de los dos países.
Además, se determinó la necesidad de facilitar los trámites judiciales y administrativos frente a las capturas de ciudadanos relacionados a posibles delitos como el contrabando de combustibles y minería ilegal.
También se coordinarán operativos conjuntos en la zona de frontera y se establecerán puntos de contacto en cada país con el fin de obtener y adelantar información de manera ágil.
Para este trabajo se requerirá que se involucren las instituciones responsables en las distintas áreas, como el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y de Minas de los dos países, así como de las carteras de Medio Ambiente.
Para disminuir el tráfico de combustibles se planteó un mecanismo de seguridad de las válvulas de gas que impida la manipulación de la sustancia en los dos países.
En lo que respecta al tráfico de armas se propuso la modificación legislativa y reglamentaria en Ecuador, a fin de lograr una normatividad coherente con el tratamiento del delito en Colombia.
En este punto se planteó que las Policías Judiciales de los dos países tengan acceso directo a las bases de datos existentes sobre el registro de armas, municiones, accesorios y explosivos para permitir la trazabilidad de las armas.
En cuanto al combate del tráfico de sustancias estupefacientes se acordó continuar con la dinámica de unificar la legislación de restricción de sustancias químicas, precursores, estupefacientes para evitar la impunidad.
Otra problemática que azota a las provincias del cordón fronterizo es el delito de trata de personas y para su erradicación se planteó la capacitación de fiscales, policías y jueces.
También se incorporarán a otras entidades de control como migración, salud y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de generar redes de prevención y atención integral de las víctimas.