Fiscalía y Aduanas coordinan acciones para sancionar delitos aduaneros que presuntamente involucran a migrantes
Para tratar sobre el adecuado uso de la normativa tributaria aduanera, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, en la mañana del jueves 20 de octubre se reunió en las oficinas de la fiscalía de Guayaquil con Santiago León, director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, con Antonio Gagliardo y Hernán Flores, fiscales distritales de Guayas y Azuay, respectivamente, así como con los agentes de Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de estas dos provincias.
En la cita se trató sobre la presunta infracción aduanera que se estaría cometiendo con la importación de menaje de casa de los ecuatorianos migrantes que residen en el exterior que una vez que llegan al país venden estos bienes sin cumplir con el respectivo pago tributario o con los tiempos establecidos según la normativa especializada.
Como una forma de facilitar el retorno definitivo al Ecuador de los migrantes, el Estado permite su regreso con sus bienes muebles, vehículos y demás propiedades personales y productivas, y para su venta o transferencia de dominio “se podrá solicitar únicamente después de haber residido en el Ecuador de forma continua durante un año después de habérsele otorgado el levante de su menaje de casa por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SNAE,”.
En la práctica esta normativa no se respeta y esta excepción se ha convertido en un pujante negocio informal de personas que viven en el exterior que venden sus cupos de menaje o que ingresan los bienes para inmediatamente venderlos, sin pagar los respectivos impuestos.
Según denunció Denisse Rendón, asesora del SNAE, con la venta de esta mercadería se afectaría al Fisco por la evasión tributaria, así como a los comerciantes legales que tienen en esta actividad una competencia legal.
En su explicación, Rendón citó varios ejemplos de ciudadanos que, incluso, por Internet negocian sus cupos o los bienes ingresados al país con beneficios arancelarios, pero que terminan en el mercado informal con los correspondientes perjuicios antes mencionados.
Ante estos sucesos, que tienen especial connotación en el Austro ecuatoriano, y otros que pudieran constituirse en delitos fiscales, la Fiscalía y el Servicio de Aduana acordaron coordinar el manejo de los procesos y el intercambio oportuno de información entre estas instituciones para lograr la sanción efectiva de quienes afecten al Estado por estas vías.