Fiscalía vincula a 15 personas más en desvío fondos públicos

foto: archivo – rueda de prensa – Fiscalía Pichincha

Quito, 15 de agosto de 2012.- En audiencia realizada el martes 14 de agosto, el juzgado décimo cuarto de Garantías Penales de Pichincha, acogió el pedido de Fiscalía y vinculó a 15 personas más, por el presunto delito de apropiación ilícita de los fondos del Ministerio de Ambiente.

Orlando Benavides, fiscal encargado del caso, manifestó que la Fiscalía cuenta con la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una imputación, contra las 15 personas que recibieron dineros de fondos públicos, en diversas cuentas bancarias privadas de instituciones financieras nacionales.

La Fiscalía de Pichincha informó que 73 personas recibieron dinero a través de las transferencias bancarias ilegales realizadas y pagadas directamente por ventanilla en los bancos Pichincha, Produbanco, Bolivariano, Internacional, Machala, entre otros.

Benavides argumentó en la audiencia, que las investigaciones determinaron la participación de algunas personas, en virtud de haberse detectado el desvío de recursos de la cuenta del Ministerio de Ambiente, realizada mediante transferencias a cuentas de ciudadanos particulares, sin vinculación con dicha Cartera de Estado.

En el transcurso de la investigación también se estableció que el monto de las transferencias asciende a siete millones de dólares, dinero no recuperado hasta el momento.

La Fiscalía anunció que las investigaciones continuarán, puesto que se tienen evidencias que llevarían a descubrir a más personas involucradas en este caso que fue descubierto el 24 de mayo de 2012.

Ese día fueron detenidas cinco funcionarias que laboraban en la Unidad Financiera del Ministerio del Ambiente para investigaciones, quienes permanecen con prisión preventiva junto a las seis personas detenidas el sábado 26 de mayo, por el mismo caso.

El juzgado ordenó la detención de las personas vinculadas al caso y dictó medidas cautelares, contra los procesados. La vinculación tendrá una duración de 30 días adicionales a la instrucción, dijo el fiscal Benavides.