Fiscalía solicitó pena máxima para tres exdirectivos de la Ecuafútbol por lavado de activos
La fiscal Diana Salazar argumentó la acusación contra 3 exdirectivos de la Ecuafútbol
Quito, 15 de noviembre del 2016.- La Fiscalía acusó al expresidente, Luis Ch., al excontador, Pedro V., y al extesorero, Hugo M., como responsables de la malversación de fondos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con base en las pruebas testimoniales y documentales que comprobarían la responsabilidad de los tres procesados.
En la exposición de los alegatos finales, durante la audiencia de juicio, la fiscal Diana Salazar acusó a Luis Ch. como coautor del delito de lavado de activos por considerar que se aprovechó de su condición de presidente para ocultar recursos ilícitos en las cuentas de la FEF.
“Luis Ch. se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del Sistema Financiero Nacional” dijo la fiscal del caso.
Mientras que Hugo M. fue acusado como coautor por ser la persona que conocía de todos los movimientos financieros y se habría beneficiado de ellos, al recibir depósitos injustificados en sus cuentas bancarias personales.
Además, la Fiscalía acusó a Pedro V. como colaborador de lavado de activos, por haber actuado con conocimiento y ayudado para que los dineros ilícitos sean registrados en las cuentas de la FEF, bajo la figura de ‘donaciones’.
Ante esto, la fiscal Salazar pidió al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que a Luis Ch. y Hugo M. se les imponga la pena máxima de 13 años de privación de libertad por lavado de activos. Además se aplique los agravantes que aumentarían esta pena en un tercio.
Con relación a Pedro V. la fiscal Salazar solicitó que se le imponga la pena máxima establecida para el colaborador, que es de 10 años de privación de libertad.
Esto fue expuesto durante la presentación de alegatos de clausura, de la audiencia de juicio que se desarrolló el martes 15 de noviembre.
En su intervención, la fiscal del caso mencionó que el monto del lavado de activos supera los 6 millones de dólares, por ello solicitó que se les imponga el pago de la multa establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que corresponde al doble del monto producto del hecho ilícito.
“De acuerdo a las pruebas, los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la FEF para introducir al país recursos de actividades ilícitas», dijo la fiscal de la Unidad Antilavado de activos, Diana Salazar, al presentar los alegatos finales en la audiencia de juicio del caso ‘Ecuafútbol’.
Además, sustentó que se investigaron las transferencias de dinero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacia la FEF y se comprobó que los procesados recibieron trasferencias bajo la figura de ‘donaciones’ por más de 2 millones de dólares sin respaldos documentales.
También en los registros consta que los procesados habrían utilizado contratos cuyos manejos contables resultaron intencionalmente confusos. Existirían contratos por casi 4 millones de dólares suscritos con empresas de propiedad de los procesados.
En transferencias y manejos sin sustento documental se habría evidenciado el lavado de activos al ocultar, impedir y disimular el origen ilícito de los capitales a través del prestigio de una entidad como la FEF.
La investigación de este caso se realizó ante los malos manejos económicos realizados en el período 2010-2015. Allí se habría comprobado la existencia de facturas emitidas por empresas de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de dinero y apropiación directa de recursos de la FEF mediante arrendamiento de inmuebles.
Datos:
Luis Ch. continúa con arresto domiciliario desde diciembre del 2015. En cuanto a los procesados Pedro V. y Hugo M. están con prisión preventiva.
El Tribunal está conformado por los jueces Mirian Escobar, Edmundo Samaniego y Luis Tufiño.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del COIP y es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, cuando el monto del ilícito supera los 200 Salarios Básicos Unificados (73.200 dólares).