Fiscalía solicitó apremio para 17 personas en caso ‘familias en aislamiento voluntario’

Andrés Cuasapaz, fiscal del caso sobre ataque a familias en aislamiento voluntario, solicitó al Tribunal la orden que los 17 procesados sean llevados a la Corte mediante la fuerza pública.

Francisco de Orellana, 11 de enero del 2016.-  Por tercera vez la audiencia de juzgamiento del caso por ataque a familias en aislamiento voluntario no se instaló. En esta ocasión a la diligencia no acudieron los 17 llamados a juicio dentro de este proceso.

La audiencia de esta causa, cuyo fiscal titular es Andrés Cuasapaz,  fue convocada para las 09:00 de este lunes 11 de enero, ante el Tribunal Primero de Garantías Penales de Orellana, ubicado en la ciudad del Coca.

Ante la ausencia de los procesados, el fiscal Cuasapaz solicitó al Tribunal orden de apremio, es decir, que sean llevados a la Corte con la fuerza pública para que estén presentes en el juicio. Pues no se los puede juzgar en ausencia.

Sin embargo, los magistrados decidieron que realizarán una última convocatoria para instalar la audiencia de juicio y si allí los procesados no se presentan se revisarán las medidas cautelares a la prisión preventiva, otorgadas a las 17 personas procesadas el 1 de junio del 2015. Estas fueron la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad.

En octubre del 2015 no se instaló la audiencia porque la Defensoría Pública  solicitó diferimiento ya que necesitaba tiempo para convencer a 3 de los 17 defendidos. Mientras que en noviembre  también se postergó porque uno de los jueces del Tribunal Primero, Joel Bustos Tello, solicitó el diferimiento porque tenía previsto otra audiencia, por un caso de estafa masiva, donde iba a caducar la prisión preventiva.

El delito por el que se acusa a las 17 personas es homicidio, cometido durante el ataque a familias en aislamiento. Este hecho ocurrió el 30 de marzo del 2013 en la provincia amazónica de Orellana.

En septiembre del 2014, el juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, aceptó la solicitud de Fiscalía de cambiar el tipo de delito de genocidio por homicidio simple. Esta modificación se hizo en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en su resolución del 6 de agosto del 2014. Una de las principales recomendaciones fue que el proceso tenga un miramiento especial, sobre todo en observancia a parámetros de interculturalidad.