Fiscalía solicita se garantice instalación de audiencia en caso ‘Atardecer’

 boletin caso atardecer 

La fiscal Diana Salazar presentó un escrito para que se garantice la presencia de defensores públicos.

Guayaquil, 5 de enero de 2017.- Con el fin de garantizar la instalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso ‘Atardecer’, la Fiscalía presentó un escrito en el que solicita se designe a defensores públicos para que representen a los procesados en caso de que los abogados particulares no acudan a la diligencia convocada para el próximo el 31 de enero.

La fiscal del caso Diana Salazar indicó que este pedido fue realizado debido a que por tres ocasiones anteriores no se ha instalado esa audiencia porque abogados de la parte procesal han justificado su inasistencia con certificados médicos.    

El pasado martes 3 de enero, fue la última vez que esta diligencia fue declarada fallida luego de la jueza de Garantías Penales del Guayas, Guadalupe Manrique, acogió el justificativo de uno de los abogados, quien remitió un certificado de ingreso a una casa de salud.    

Ante esto, la fiscal Salazar solicitó que se tome en cuenta la participación de un defensor público a fin de que garantice la legítima defensa del procesado y a la vez el cumplimiento de esta audiencia.

Esto permitirá que el proceso seguido en contra de nueve procesados por el delito de lavado de activos, continúe su marcha a fin de resolver su situación jurídica.

Estas personas son investigadas por su presunta participación en los inusuales movimientos de dinero detectados a través de la exportación de oro hacia Estado Unidos, por parte de empresas privadas de Guayaquil, Quito y Machala. 

Las investigaciones determinan que entre el 2012 y junio del 2016, se reportaron  exportaciones superiores a las recibidas en ese país, lo que alertó sobre presuntas irregularidades vinculadas con el lavado de activos. 

Ante esta irregularidad, la Fiscalía ejecutó el 16 de junio del 2016 un operativo en las provincias de Guayas, El Oro y Pichincha.  En esta acción se allanaron 22 viviendas, entre domicilios y empresas presuntamente vinculadas en actos ilícitos.

En los allanamientos se decomisó un centenar de vehículos, cerca de 47.000 dólares en efectivo, 20 barras de minerales (plata y oro), 8 armas de fuego, municiones y documentación relacionada con la actividad que ejercían las empresas.