abril 23, 2014
Fiscalía rescató a 796 mujeres de las redes de trata de personas
Quito, 23 de abril del 2014.- 17 investigaciones procesales penales de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyeron en sentencias condenatorias para 31ciudadanos acusados por el delito de trata de personas. También permitieron la recuperación de 796 víctimas.
El éxito de estos procesos, efectuados entre el 2012 y marzo del 2014, se debe a la aplicación de un plan estratégico estatal desde el trabajo interinstitucional para combatir este delito, aseguró Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.
Las aplicaciones de este plan van desde el aumento en los presupuestos económicos de las instituciones estatales que combaten directamente el delito, coordinación con autoridades internacionales para operativos binacionales hasta campañas de sensibilización a la ciudadanía respecto a lo que significa para un ser humano ser víctima del delito de trata.
La sensibilización a la población y la coordinación interinstitucional registró en el 2013 un aumento en las denuncias de este delito del 12.8% frente al 2012.
En este sentido, la FGE espera que sean juzgados otros 30 casos resultado de procesos investigados durante el 2013 y el primer cuatrimestre del 2014.
“Es un problema que rebasa las fronteras”, dijo Chiriboga Zambrano, “ya que detrás de estos crímenes hay organizaciones internacionales” con una oferta criminal diversa: trata de personas, estupefacientes, armas, entre otros.
En la actual administración se efectúa una “correcta” tipifación del delito de trata cuando los casos llegan a las cortes, manifestó el Fiscal General. Esto debido a que se ha realizado “el esfuerzo al poner a fiscales a trabajar dentro y fuera del país en la investigación de este tipo de casos”.
Caso ‘Emperador’ con dos sentencias condenatorias
Este caso es el resultado de un operativo binacional con Colombia ejecutado el 6 de abril del 2013. Se extendió de forma simultánea a siete centros de diversión nocturna en las ciudades ecuatorianas de Tulcán, Ibarra y Quito.
En esta ocasión, los más de nueve meses de investigaciones fiscales previas, en el momento del operativo obtuvieron un resultado de 70 mujeres rescatadas (la mayoría tenía más de 18 años de edad), que fueron engañadas por la organización delictiva que las captó en Colombia.
Víctimas como J.C.C.V. eran forzadas a realizar trabajo sexual en centros nocturnos de las ciudades mencionadas y también en otras localidades del Ecuador.
El caso ‘Emperador’ registra dos procesos judiciales por trata de personas en Imbabura y en Sucumbíos.
El 27 de marzo del 2014, el Juzgado Único de Garantías Penales de Imbabura condenó a cinco de los siete procesados. La Fiscalía pidió 12 años de prisión y hasta el 23 de abril del 2014 se espera la notificación de la sentencia por escrito.
En Sucumbíos existe un proceso judicial contra nueve personas y la sentencia fue condenatoria para cuatro procesados, absolutoria para tres, mientras que los otros dos ciudadanos están prófugos. Actualmente está pendiente el pedido de casación solicitado por los procesados.
Explotación laboral de tres adolescentes en Brasil
Una sentencia de 12 años de reclusión recibió el ciudadano que explotó laboralmente y en condiciones inhumanas a tres adolescentes que ejercían el comercio informal en Brasil.
Las mujeres fueron captadas en la provincia de Imbabura en 2012 y trasladadas al país sur americano.
10 procesados en caso ‘Medusa’
El caso más reciente que registró la Fiscalía es el denominado ‘Medusa’. Mediante las investigaciones se descubrió que la red internacional captaba a mujeres en Cuba y las trasladaba a Ecuador bajo engaños, para inducirles al trabajo sexual en centros de tolerancia de Quito. El caso está en etapa de instrucción fiscal y procesa a 10 ciudadanos.
Los casos de trata de personas son investigados por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (FEDOTI), en cumplimiento de los tratados internacionales y de la legislación nacional. Estos establecen la prevención, sanción y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas.
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