Fiscalía prueba la existencia de la unidad represiva conocida como SIC-10
Quito.- Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, expuso, entre otros documentos, un listado original del personal asignado a la estructura represiva clandestina denominada SIC-10, lo que comprueba la existencia de este grupo policial.
El 23 de febrero del 2013 se incautó en el Archivo Provincial de la Policía Judicial de Pichincha y en el Archivo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial varios documentos, entre ellos un listado original del personal asignado a esta unidad supuestamente antisubversiva.
La existencia del SIC-10 siempre fue negada por la Policía Nacional, por la esfera política y por diversas autoridades del periodo que investiga la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, por caso de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La Fiscalía, al igual que las víctimas de violaciones de derechos humanos, recibió en múltiples versiones la negación de la existencia de este grupo. Con la documentación incautada se puede demostrar que el SIC-10 sí existió como una estructura clandestina policial destinada a la represión y la lucha antisubversiva.
“Investigar hechos ocurridos hace 30 años es mucho más difícil que hacerlo con crímenes ocurridos hace poco”, aseguró Chiriboga Zambrano y recordó que las comisiones de la verdad de países Latinoamericanos, encargadas de levantar información de delitos ocurridos hace mucho tiempo, recién están judicializando los casos investigados. Resaltó, además, que la Fiscalía “no persigue gobiernos, sino delitos cometidos en esos gobiernos”.
La documentación incautada servirá para impulsar la judicialización de los 136 casos de violaciones a los derechos humanos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad, “en muchos de estos casos está involucrada la estructura del SIC-10”, acotó Chiriboga Zambrano.
¿Qué era el SIC-10?
La Policía Nacional se constituyó en 1975 como la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna. Entre los años 1984-1988, el Gobierno de la época le otorgó mayor autonomía para combatir al “enemigo interno”, que en ese tiempo estaba encarnado en los movimientos sociales, estudiantiles, sindicales entre otros, con el pretexto de fortalecer la seguridad nacional.
Con esta coyuntura, en el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) se creó una unidad policial clandestina denominada SIC-10 para combatir a la “subversión”. El grupo utilizó métodos de investigación que vulneraron derechos humanos mediante torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otros delitos de lesa humanidad.
El grupo clandestino SIC-10 fue constituido con agentes de diversas brigadas del SIC-P y el 28 de septiembre de 1985 la Institución Policial formalizó esta estructura secreta bajo el nombre de Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS).
Finalmente, el 14 de febrero de 1986, mediante Decreto Ejecutivo Reservado No. 1601, la UIAS fue denominada Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). El objetivo del Gobierno de esa época fue posicionar una unidad de élite que luche contra la subversión en el país.
Con todos los expedientes encontrados por la Fiscalía ya no se puede negar la existencia de esa unidad acusada de múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
