Fiscalía procesó a agente fiscal Juan Carlos I. por presunta violencia psicológica
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 643-DC-2023
Fiscalía procesó a agente fiscal Juan Carlos I. por presunta violencia psicológica
Manta (Manabí), 30 de junio de 2023.- Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el agente fiscal, Juan Carlos I., está procesado por el presunto delito de violencia psicológica contra su exconviviente, Naomi A. (+). La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
La Jueza de la Unidad de Violencia Contra la Mujer con sede en Manta, dictó presentaciones semanales y prohibición de salida del país. Además, el procesado no podrá enajenar bienes muebles e inmuebles hasta por 20.000 dólares. La Magistrada también ordenó medidas de protección para los padres de la víctima.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Especializada en Violencia de Género a cargo del caso, presentó –entre otros elementos– varias versiones, el informe de entorno social practicado a la víctima y una pericia de identidad humana, actuada en un video de seguridad del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Naomi A.
En esta causa, Fiscalía efectuó la técnica especial de investigación denominada autopsia psicológica, que consiste en recabar datos sobre la historia de vida de la víctima y determinar las relaciones de poder tanto en el contexto personal, familiar, social y laboral.
También permite identificar las posibles vulneraciones a los derechos de la víctima, factores de riesgo, entre otros elementos que habrían llevado a la Naomi A., a quitarse la vida tras un año de convivencia con el procesado de este caso.
El cuerpo de Naomi A., fue encontrado el 12 de diciembre de 2021, con signos de ahorcamiento, en la habitación de un edificio ubicado en la ciudad de Manta. Luego de varias diligencias practicadas, se concluyó que la mujer se suicidó.
Información jurídica
El delito de violencia psicológica se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va de seis meses a tres años de pena privativa de libertad, dependiendo de las circunstancias del hecho.
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