Fiscalía presentó prueba documental por tentativa de asesinato al Presidente Correa
Quito, 28 de julio del 2014.- Peritajes de análisis de rasgos faciales, estudios de voz, vídeos de reconocimiento físico e informes de la reconstrucción de los hechos, entre otras experticias, fueron las pruebas documentales que la Fiscalía presentó en el quinto día de la audiencia de juzgamiento en el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha.
La audiencia se instaló el martes 22 de julio del 2014 y continúa en contra de seis procesados (policías en servicio activo), quienes habrían presuntamente participado en el delito de tentativa de asesinato contra el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, en el caso conocido como 30-S.
Los incidentes ocurrieron en los alrededores del Hospital de la Policía Nacional cuando se intentaba evacuar, de dicha casa de salud, al Primer Mandatario. Como producto del percance se produjo la muerte del soldado Darwin Panchi.
En la diligencia rindieron su testimonio 51 testigos convocados por parte de la Fiscalía General del Estado. Luego el fiscal, Gustavo Benítez dio a conocer los documentos de las transcripciones gráficas y fotografías donde se evidenciaría la participación de los imputados.
El presidente del Tribunal Penal, Luis Fuentes, por el principio de contradicción dispuso que las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía pasen a conocimiento de los otros sujetos procesales.
Según el testimonio de un perito extranjero, que realizó el análisis facial de los vídeos y fotos proporcionados por los medios de comunicación, para la pericia se utilizó un sistema ruso que evita errores en la confirmación de datos.
“Los rasgos faciales y estudios de voz corresponden a cinco de los seis procesados de los que Fiscalía solicitó el análisis”, confirmó el perito, quien rindió su testimonio por vídeo conferencia debido a que su país de residencia es República Dominicana.
Para el día martes está previsto que comparezcan los testigos presentados por los abogados defensores de los procesados.
Datos:
La instrucción fiscal de este caso se inició en agosto del 2013.
El delito está tipificado en el artículo 224 del Código Penal, en concordancia con el artículo 16.
Por el delito los procesados podrían enfrentar una pena de 8 a 12 años de prisión.