Fiscalía obtuvo sentencia de 13 años por tráfico ilícito de sustancias
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 559-DC-2019
Dos ciudadanos ecuatorianos y un extranjero fueron aprehendidos en altamar en posesión de 200 kilos de cocaína.
San Cristóbal, 30 de octubre de 2019.- Las pruebas presentadas durante la etapa de juicio por el fiscal de San Cristóbal, Christian Farez Falconí, en contra de tres ciudadanos, permitieron al Tribunal comprobar su responsabilidad penal en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, que los sentenció a una pena privativa de libertad de trece años.
En operativo conjunto, Fiscalía y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía Nacional, en coordinación con la Armada de los Estados Unidos, detuvo a los ciudadanos Arnulfo L., Alexy M. y Miguel E., en aguas internacionales, cuando trasladaban doscientos kilos de droga embalados en diez bloques a bordo de la lancha rápida “Dylan Rafael”.
Fiscalía tuvo conocimiento de que una organización delictiva zarparía con el cargamento desde la playa de Jaramijó, en la provincia de Manabí, con destino a Centroamérica, y que, con el fin de evadir los controles náuticos, utilizaría una ruta alterna que bordeaba las islas Galápagos.
El 5 de octubre de 2018, mediante monitoreo satelital, la embarcación fue localizada por guardacostas estadounidenses y, tras la alerta, se ejecutó la acción de detención. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sujetos lanzaron la droga adherida a un flotador con sistema de localización (GPS) y emprendieron la huida a alta velocidad, pero fueron interceptados por otra embarcación.
Los delincuentes usan esta modalidad con el fin de no ser aprehendidos en poder de la evidencia y recuperar el alcaloide lanzado al mar.
En audiencia de juicio, los jueces que integraron el Tribunal Penal, Vanessa Vera, Guedis Cevallos y Fernando Lalama, anunciaron tener la convicción de que los procesados adecuaron su conducta al tipo penal investigado y dictaron sentencia de trece años de prisión, una multa de sesenta salarios básicos (23.640 dólares) y el decomiso de la embarcación de bandera ecuatoriana.
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