El fiscal Jaime Guerrón, en la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, realizada este lunes 26 de octubre del 2015, en la Casa Judicial de Quevedo, acusó a los procesados en base a lo dispuesto en el artículo 528.11 del Código Penal, el cual sanciona el delito de trata de personas de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria.

El pasado jueves 22 de octubre, la Fiscalía presentó a 12 testigos, entre ellos, los agentes investigadores, aprehensores, familiares de la víctima y el testimonio urgente de la adolescente agraviada.

A ello se sumaron las pruebas documentales como los informes médico legal, psicológico, criminalístico, partes investigativos y el de asistencia penal internacional; que determinó los lugares donde la víctima fue explotada sexualmente, en la ciudad de Callao, en Perú.

En el proceso además hay dos personas prófugas, José L. y Stalin Z.. Todos ellos pertenecerían a la organización delictiva denominada “Los Chulos”.

El hecho se suscitó en octubre del 2013, cuando una adolescente de 14 años, fue captada por una organización delictiva, bajo intimidación y amenazas de muertes a sus familiares. Ella fue llevada con documentos falsos a Perú, para someterla a trabajar en centros nocturnos.

La adolescente escapó y pidió ayuda a la policía peruana, quien procedió a entregarla al Cónsul de Ecuador en Perú. Una vez en nuestro país, la Fiscalía General del Estado la ingresó al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos para la restitución de sus derechos.

El caso ‘Libertad’ es considerado, por la Fiscalía ecuatoriana, como la mayor red de captación de personas para explotación sexual de la región Andina. El agravante es que son mujeres adolescentes.

Las investigaciones demostraron que eran varias las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita. En Santo Domingo de los Tsáchilas, el pasado 20 de octubre de 2015, fue declarado culpable de este delito, Julio C., un integrante de la organización “Los Punto 40’; otro presunto involucrado es Luis G., quien se encuentra detenido en Colombia, mientras que un tercero, José Y., está prófugo.

Dato:

El artículo 528.11 del Código Penal, determina que quien promueva, induzca, participe o favorezca la captación, traslado, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza con fines de explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años. 

Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se aplicará el máximo de la pena.