Fiscalía logró sentencia condenatoria en el caso ‘Estrella Dorada’
La Fiscalía sustentó con abundante prueba documental el caso ‘Estrella Dorada’.
Quito, 31 de octubre del 2016.- Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el excomandante Fausto T. y el exteniente Alexis C., fueron sentenciados a 13 años y 3 meses de privación de la libertad, como autores del delito de delincuencia organizada. Además al pago de una multa de 14.640 dólares por la venta se pases policiales.
En su resolución, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha hizo referencia a que el excomandante Fausto T. aprovecho de su cargo en la Policía para obtener beneficios económicos y materiales. Además utilizó bienes públicos para sus actividades personales e ilícitas.
Respecto al exteniente Alexis C., el Tribunal manifestó que el procesado lideró la estructura delictiva dedicada a la comercialización de traslados en la Policía Nacional. Además, utilizó su cargo público como asistente de la Presidencia de la República para cometer el ilícito. Así manejó información privilegiada y abuso de su poder ya que se benefició económicamente de los recursos obtenidos de la venta ilícita de pases.
También, otros nueve procesados fueron declarados culpables como coautores, al confirmarse que mantenían contacto con los supuestos líderes (el excomandante Fausto T. y el exteniente Alexis C.), de la red dedicada a la venta de traslados. Ellos fueron sentenciados a 9 años y tres meses de privación de la libertad y al pago de 20 salarios básicos unificados (7.320 dólares).
Mientras que María B., madre del exteniente Alexis C., la única civil procesada en este caso, fue sentenciada a 5 años de privación de la libertad.
La jueza Maritza Romero indicó que la procesada se extralimitó en la admiración de los bienes de su hijo y colaboró con las actividades ilícitas en las que él participó.
La resolución fue dada a conocer la tarde y noche del lunes 31 de octubre del 2016, tras 26 días de audiencia de juzgamiento.
En el desarrollo de la diligencia, tres procesados fueron sentenciados como coautores a 10 meses de privación de la libertad por colaborar con la Fiscalía entregando información relevante que ayudó a desarticular la organización delictiva que operaba en las dependencias de la institución policial.
La jueza Romero indicó que el Tribunal, que también lo conforman Dilsa Muñoz y Mario Ochoa, resolvió la enajenación de bienes. Además relató que los 15 sentenciados deberán pedir disculpas públicas a la institución policial, en una ceremonia que deberá ser televisada y pagada por los ahora acusados.
Romero argumentó que en el desarrollo de la audiencia de juicio, que inició el 05 de septiembre pasado, la Fiscalía presentó 1.404 pruebas documentales, así como 33 testimonios y solicitó la reproducción de tres testimonios anticipados que respaldaron la acusación.
Durante la lectura de la resolución, la jueza Romero manifestó que la Fiscalía logró comprobar la existencia de una estructura que ubicó a todos los integrantes en puestos estratégicos para que se llegue a cometer el ilícito.
En este sentido, el juez Romero indicó que con las pruebas testimoniales, documentales y periciales presentadas por la Fiscalía se confirmó que los procesados enmarcaron su conducta en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre delincuencia organizada, al integrarse con el fin de realizar actividades al margen de la Ley.
La resolución fue emitida con dos votos a favor y un voto salvado de la jueza Dilsa Muñoz, quien manifestó no estar de acuerdo con la sentencia emitida para los procesados.
Al finalizar la audiencia, la fiscal Thania Moreno dijo que no apelará la sentencia, pues está conforme con la decisión de los jueces y aclaró que aún continúan las investigaciones previas aperturadas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias. Investigaciones que tienen relación con el caso denominado ‘Estrella Dorada’.
La Fiscalía investigó los hechos registrados entre octubre del 2014 y julio del 2015, periodo en el que se habrían negociado 1.317 pases policiales, por los cuales se habrían pagado entre 1.000, 1.500 y 2.000 dólares.
Por estos hechos, el 06 de junio del 2016, la Fiscalía logró que el juez Marco Rodríguez llame a juicio a 15 policías y una civil.
Durante la lectura de la resolución, los jueces resaltaron el trabajo invesgativo de la Fiscalía.
Según la investigación de la Fiscalía, uno de los procesados, el excomandante Fausto T., habría aprovechado de su cargo para estructurar una organización y colocar personas de confianza en diferentes oficinas, con la finalidad de reclutar personal policial y venderles los servicios.
También, la Fiscalía comprobó que participaron agentes policiales que eran parte de la Dirección de Pases Policiales, quienes tenían la facilidad de manejar el sistema informático con sus claves para que se realice la operación, a pesar de que los traslados de policías no cumplían con el reglamento.
Los sentenciados por la venta de pases
El 3 de mayo del 2016, el excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro, fueron sentenciados a 8 meses y 4 días de privación de libertad, en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.
Mientras que el 23 de mayo del 2016, a los policías Adril Torres y Jairo Cevallos fueron sentenciados a 6 y 12 meses de privación de libertad, respectivamente, por este delito.
Ellos solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y se beneficiaron con una rebaja en la pena, previamente aceptaron haber participado en la venta de pases policiales y mediante testimonio anticipado revelaron el sistema que utilizó esta estructura para cometer el ilícito en la Policía nacional.
Por ello, a los cuatro sentenciados se les concedió los beneficios de la cooperación eficaz, contemplada en el artículo 493 del COIP, que establece una pena no menor al 10% de la mínima fijada para el procesado que colabore con información relevante.
Datos
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del COIP y es sancionado con pena privativa de libertad 7 a 10 años, para autores, y de 5 a 7 años en el caso de cómplices. En este hecho existieron agravantes relacionadas con que la estructura estuvo conformada, supuestamente por policías en servicio activo, por lo que la sentencia fue incrementada.