Fiscalía investigará lo ocurrido en la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio de Ibarra

Quito, 19 de mayo del 2015.- Se inició instrucción fiscal contra cinco procesados por los hechos suscitados la tarde del lunes 18 de mayo en la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio de Ecuador (FCME) en Ibarra.

Además, en la audiencia de calificación de flagrancia realizada la tarde y noche de este martes 19 de mayo, el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, dictó medidas sustitutivas contra las cinco personas, presuntas responsables del delito de ataque y resistencia.

En la audiencia intervino la fiscal General Subrogante, Cecilia Armas, debido a que uno de los procesados: David R. es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y por tanto goza de fuero de Corte.

El juez Robalino dispuso que los procesados David R., Jaime V., Irene O., José L. y Roberto V. se presenten cada 15 días ante la autoridad competente.

En su intervención, Cecilia Armas mencionó como antecedente que el pasado 14 de mayo, Alfredo Martínez, director del Biess de Imbabura, acudió al Fondo de Cesantía para posesionar al administrador del Fondo, diligencia que no se cumplió por la presunta oposición de los funcionarios. Ante esto, el director solicitó a la Fiscal de Imbabura, Rosa Uncuango, un acto urgente, es decir un allanamiento.

Por lo que el 18 de mayo, la fiscal Uncuango y personal policial concurrieron a las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio, ubicado en el sur de la ciudad de Ibarra, para realizar el allanamiento dispuesto por el Juez de Garantías Penales de Imbabura, Francisco Chacón.

Según el parte policial, los uniformados habrían sido agredidos por varios ciudadanos, entre los que constan los ahora procesados, quienes presuntamente se resistieron a cumplir lo dispuesto por la autoridad.

La Fiscalía presentó varios elementos de convicción como: la petición del acto urgente por parte del Director del Biess de Imbabura, la orden de allanamiento otorgada por el Juez de Garantías Penales de Imbabura, el acta de allanamiento, partes e informes policiales y una memoria de almacenamiento digital que contiene videos grabados mientras se realizaba la intervención policial.

La Fiscal General subrogante mencionó que estos elementos de convicción demostrarían que estas personas intervinieron en los actos descritos, por lo que les formuló cargos por el delito de ataque y resistencia, tipificado en el Art. 283, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual contempla una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Dato:

La instrucción fiscal en este caso será por 30 días.