Fiscalía investigará denuncia de representante legal de Chevron

Quito.- El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, dispuso el inicio de una investigación por la afectación a  la imagen nacional e internacional del Ecuador, que causó la denuncia presentada por Thomas F. Cullen, abogado representante de la petrolera Chevron Corporation.

Esta acción judicial se cumple luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó, el lunes 19 de agosto del 2013,  el archivo definitivo de la denuncia presentada por el jurista F. Cullen, ante el presidente de la Sala Penal de la  Corte Nacional de Justica (CNJ).

En su escrito del  2 de septiembre del 2009, el abogado de la petrolera señaló que contaba con grabaciones en audio y video  de rees entre presuntos representantes del gobierno ecuatoriano y posibles contratistas de remediación ambiental. 

El jurista F. Cullen afirmó, en su denuncia, que con esas grabaciones se comprobaban los supuestos pactos para que el juez del caso falle contra Chevron.

Los peritajes analizados por la Fiscalía no revelan lo afirmado por el denunciante.

Ante esta situación, el fiscal Chiriboga Zambrano pidió a la Corte que se declare “maliciosa y temeraria” la denuncia debido a que durante la indagación previa, Thomas F. Cullen no demostró lo afirmado en su escrito del 2009.

Este pedido se sustentó en la resolución 05-2012, de la CNJ,  publicada en el Registro Oficial N° 633, del viernes 3 de febrero del 2012, obliga a las juezas o jueces a calificar las denuncias, como en este caso, de maliciosas y temerarias por las razones antes mencionadas.

En enero del 2012 se ratificó la sentencia en segunda instancia contra Chevron (antes Texaco) y ordenó pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales.

La demanda contra la petrolera fue interpuesta, por casi 30.000 integrantes de las comunidades indígenas amazónicas, por los pasivos ambientales (daños al ecosistema) que dejó la petrolera entre 1964 y 1990, durante su actividad en las zonas de Sucumbíos y Orellana.  La lucha judicial de los demandantes lleva casi 20 años.