Fiscalía interpuso recurso de nulidad y apelación en caso por ataque a familias aisladas

Orellana, 12 de diciembre del 2014.- La Fiscalía interpuso el recurso de nulidad y apelación al auto de sobreseimiento para 17 procesados en caso por ataque a familias en aislamiento voluntario. La diligencia lo realizó la mañana de este viernes, 12 de diciembre  ante el juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero.

El Juez decidió el sobreseimiento luego de la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen del 20 de noviembre del 2014 y cuya resolución fuera notificada por escrito el pasado 9 de diciembre.

El fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, consideró que “la resolución del Juez no está debidamente motivada. Tampoco consideró los casi 100 elementos de convicción que Fiscalía presentó sobre este caso”.

Entre estos elementos constan seis pericias antropológicas.  Se buscó demostrar la responsabilidad de los procesados por la presunta comisión del delito de homicidio. 

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, expuso que las evidencias recopiladas en el lugar donde ocurrieron los hechos demuestran que ese día (30 de marzo del 2013) ocurrieron hechos violentos como el ataque con uso de armas y el traslado forzado de dos niñas, que pertenecían a las familias atacadas.

El fiscal respaldó la acusación con las versiones que se receptaron a algunos presuntos atacantes, los informes de los peritos antropológicos. Ta cotejamiento de fotografías captadas durante el reconocimiento del lugar de los hechos con las que habían sido tomadas por los procesados.

En el sitio también se recolectaron evidencias como cartuchos de escopeta, ollas con huellas de impactos de perdigones, entre otras.

Según el juez Guerrero, no existe la materialidad del delito. “… Lo analizado en cuanto a la materialidad de los cuerpos, sin poder justificar la cantidad, la causa de muerte, los instrumentos utilizados…”, reza en su resolución por escrito.

Dato:

La Fiscalía pidió la modificación del tipo de delito de genocidio a homicidio. Lo hizo en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en su resolución del 6 de agosto del 2014.