Fiscalía General celebra su Décimo Quinto aniversario de autonomía institucional
Quito, 28 de marzo del 2012.– La lucha contra la impunidad es el eje fundamental de los ocho primeros meses de gestión de Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado. De esta forma se conmemoró el aniversario Décimo Quinto de Autonomía Institucional de la Fiscalía.
La propuesta de Chiriboga Zambrano apunta a la reinstitucionalización de esta entidad fundamental del sector Justicia, con el objetivo de prestar mejores servicios a la ciudadanía.
Así se elimina el asistencialismo penal que escoge a quién servir y a quién no. De esta manera, durante la gestión de Chiriboga Zambrano se han realizado inversiones para fortalecer la infraestructura del sistema, la capacitación de sus funcionarios y con ello lograr que el servicio sea eficiente.
Discurso de Galo Chiriboga Zambrano
Fiscal General del Estado
Hace 15 años la institucionalidad ecuatoriana dio un paso importante en su fortalecimiento con la creación del Ministerio Público como entidad responsable de conducir la investigación procesal penal, apoyada de otras instituciones del Estado.
En el papel, el enunciado resulta sencillo, pero llevarlo a la práctica cotidiana, para que la ciudadanía que busca acceder a la justicia se sienta segura y satisfecha, reviste múltiples problemas e inconvenientes.
Por años la corrupción y abandono del Estado polarizaron el conflicto social que se originaba en la injusta distribución de la riqueza. Los grupos políticos y económicos que habían usufructuado del Estado pretendían eternizar un sistema caduco de justicia, que más apuntaba a la opresión de los débiles, antes que a la superación de los lastres que encarnaban un sistema de oprobio.
En ese contexto de abandono, los problemas de violencia y de inseguridad social se agudizaron y desde el viejo poder se asumió que para superar éstos, la mejor receta era más represión. Es decir más de lo mismo sin beneficio de inventario, sin reconocer su corresponsabilidad en el problema.
Bajo paradigmas económicos y políticos, que priorizaban la competitividad y el lucro individual, antes que la solidaridad y el desarrollo colectivo, la inseguridad tenía visos de problema moral y desadaptación social que criminalizaba la pobreza y a los “diferentes”, pero que en ningún caso reconocía los fallos estructurales que marginaban a quienes no tenían recursos, tampoco oportunidades, para salir de la marginación.
Esa miopía ideológica ha conducido a soluciones simplistas que solo actúan sobre los síntomas y no sobre las causas. Así, de manera perversa los defensores del pasado pretendieron buscar a los supuestos culpables de la inseguridad en aquellos que aparecían como diferentes por su nacionalidad, opción sexual, color de piel, edad o capacidad adquisitiva.
De forma intencionada se desconoce que las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, de género, de derechos humanos, etc. Amenazas que son interdependientes y que como tal nos deben ubicar en la búsqueda colectiva de la seguridad con la participación activa de la sociedad y los entes públicos, entre ellos y de manera fundamental, con la
Fiscalía General del Estado.
Es en ese sentido que proponemos la reinstitucionalización de esta entidad fundamental del sector Justicia para que esté al servicio de la ciudadanía y la nación. Para desprivatizarla de entes corporativos que han medrado con la desesperación de la gente. Para dejar el asistencialismo penal que de manera discrecional elige a quien servir y a quien no. Para mejorar la infraestructura, la capacitación y con ello la gestión y la labor que como servidores de la Justicia estamos obligados constitucionalmente a brindar a los ciudadanos y ciudadanas, pues esa es nuestra razón de existir.
En estos meses de gestión nos hemos esforzado en mostrar que un futuro mejor sí es posible. De que la lucha contra la impunidad y la inseguridad no es una tarea de discursos mediáticos ni de falsos protagonismos que hieren y separan aún más a los operadores de justicia.
Hemos dejado atrás el pasado de la toga, el minuto cívico y demás taras y atavismos improductivos. Hoy hemos propuesto el tiempo del civismo, de la Fiscalía ciudadana que está presente en las audiencias, en las cortes y en los juzgados del país, junto a los jueces y abogados, en busca de la verdad histórica procesal para seguridad del Estado y la ciudadanía.
Esta Fiscalía ciudadana, conformada por valiosos hombres y mujeres al servicio de sus iguales en toda la Patria, ha propuesto un amplio marco de cooperación interinstitucional para avanzar juntos en las soluciones, concertando para el bien común, sin protagonismos, sin imposiciones, procesando democráticamente nuestros disensos.
Y esa concertación nos ha permitido avances concretos en la descongestión de causas represadas. Labor que solo es posible gracias a la comunión de esfuerzos lograda con el Consejo de la Judicatura.
También hay que destacar las propuestas para el nuevo Código Penal Integral. Éstas afirman el compromiso garantista de la Constitución evitando la imputabilidad de los menores de edad o incluyendo nuevas tipificaciones que permitan la sanción oportuna contra la violencia de género o intrafamiliar, por poner algunos ejemplos.
En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, se ha impulsado la conformación de espacios de cooperación con otros actores, entre los que se destacan el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Superintendencia de Bancos, las comisiones de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Asamblea Nacional, los gobiernos Autónomos Descentralizados, los Organismos Internacionales de Cooperación, las Universidades, entre otros.
Todo con el fin de alcanzar compromisos en procura de mejorar los resultados de los procesos investigativos que la Fiscalía General del Estado realiza. No más falsos protagonismos y divisiones para satisfacer la egolatría y las agendas privadas.
Para mejorar los servicios de la Fiscalía, a diciembre de este año y en el marco del Plan Anual de Inversiones debidamente aprobado por un monto de 30 millones dólares, se invertirán en los siguientes proyectos:
– Conformación del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la construcción y equipamiento de dos laboratorios de alta complejidad, ubicados en Quito y Guayaquil y adicionalmente ocho laboratorios de complejidad intermedia en Esmeraldas, Manta, Machala, Cuenca, Santo Domingo, Loja, Ambato y Lago Agrio, con una inversión de 21 millones de dólares, que comprenderá los servicios de: estomatología forense, tanatología forense, química forense, biología forense, histopatología forense, antropología forense y biología molecular.
Toda esta inversión y modernización permitirá fortalecer el proceso investigativo con un adecuado nivel científico y técnico para que sean más las certezas que las dudas las que permitan sostener los dictámenes acusatorios para condenar o exculpar a los procesados.
– Fortalecimiento de la Cobertura Territorial de los Servicios de la Fiscalía General del Estado, con la modernización de los servicios de atención a la ciudadanía en 31 ciudades, entre ellas: Guayaquil, Quito, Durán, Milagro, Daule, El Empalme, El Triunfo, Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo, Manta, Portoviejo, Machala, Huaquillas, Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo, Santa Elena, Cañar, La Troncal, Loja, Riobamba, Guaranda, Ibarra, Tulcán, Zamora, El Coca, Lago Agrio, Tena, Puyo y Macas.
La inversión en este caso asciende a más de nueve millones de dólares, a fin de brindar servicios de calidad y calidez y dar respuesta inmediata a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, evitando la re victimización, así como también hacer más eficiente la recolección del dato de la denuncia, lo que permitirá procesar las variables estadísticas criminológicas, georeferenciar el delito y apoyar en la formulación de políticas de prevención y de inteligencia policial.
La nueva administración de la Fiscalía General del Estado ha impulsado una agresiva cobertura de servicios tecnológicos para facilitar el trabajo de los servidores judiciales y, por sobre todo, los resultados en beneficio ciudadano.
Ese esfuerzo nos ha permitido pasar de 34 cantones con cobertura de tecnológica a 124, lo cual permite un adecuado acceso a Internet, facilitando la recepción y respuesta de las denuncias y, sobre todo, democratizar el acceso a estos servicios.
A Diciembre del 2011, se renovó el parque tecnológico con la adquisición de 284 equipos informáticos, lo que permitió cumplir con el compromiso asumido con el Consejo de la Judicatura y la ciudadanía, referido a las descongestión de causas represadas y mejorar la productividad de los fiscales.
En ese mismo sentido, para abril se completará la cobertura tecnológica en los 154 cantones más (incluidos tres de Galápagos) en los que actualmente hay presencia institucional;
En la búsqueda de la plena sanción del delito y de la reparación de las víctimas, para diciembre del 2012 se automatizará totalmente el sistema penal acusatorio ecuatoriano, referido a la investigación pre procesal y procesal penal, a través de la digitalización de los expedientes y con la adquisición de 2.000 firmas electrónicas para fiscales, secretarios y peritos.
Pero los cambios y avances no son posibles sin la plena participación del talento humano que da vida a la institución. Y me disculpan si insisto en este tema, pero es fundamental ya que jamás se podrá aplicar ninguna política de justicia y seguridad que desconozca a quienes la llevamos a la práctica como servidores públicos que somos y, sobre todo, como personas y seres humanos íntegros y conscientes de nuestra responsabilidad.
Pensando en la superación permanente de quienes integran la institución, se ha fortalecido la Escuela de Fiscales como el órgano académico que permitirá coordinar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer los conocimientos de los servidores, para mejorar las competencias, con eficacia y responsabilidad, contribuyendo a la profesionalización, permanencia y promoción de la carrera fiscal y fiscal administrativa.
La capacitación será de calidad, con equidad y universalización, es decir para el 100 % de los servidores, dejando en el pasado las épocas de los amiguismos.
Los avances ya son tangibles, pero también debemos reconocer las debilidades que todavía enfrentamos. Una de ellas, tal vez la que más nos lesiona tiene que ver con el Programa de Protección de Víctimas y Testigos que no ha cubierto las expectativas con el que fue creado.
Para ello, trabajamos en una nueva propuesta que, entre otras reformas, permita la incorporación de personal civil especializado en la protección y seguridad integral de personas protegidas, que vendrá a reforzar la importante labor que realiza la Policía Judicial y otras fuerzas de seguridad del Estado.
En la actualidad, y con las falencias ya advertidas, este programa asiste a 4390 personas, de las que el 65 por ciento ha sido víctima de violencia sexual e intrafamiliar; el 42 por ciento es menor de edad.
Estas cifras revelan la importancia de una nueva propuesta que articule a todas las instancias públicas y privadas en la compleja tarea de reparar los derechos vulnerados, hecho que influye negativamente en la percepción de seguridad.
Lo planificado y la inversión pueden sonar a mucho, pero en la práctica falta trabajar más para acabar con la impunidad y la inseguridad que alimentan fatalmente el sentido de indefensión que afecta a la sociedad en su conjunto.
El reto es grande, pero todos juntos, como ecuatorianos, como servidores públicos, como servidores judiciales, podemos y debemos avanzar en ese propósito para lograr un país justo, más humano, más incluyente, más digno, más democrático…
Muchas gracias…