Fiscalía formuló cargos contra exmagistrado por prevaricato

Thania Moreno Romero, fiscal Provincial de Pichincha, formuló cargos contra exjuez por prevaricato.

Quito, 21 de diciembre del 2016.-  La fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, inició instrucción fiscal (investigación a profundidad) por 90 días contra Wilmer A., un exjuez de lo Civil contra el que formuló cargos por prevaricato.

Ante Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia, Moreno Romero expuso los elementos recolectados durante la investigación previa, que apuntan al exmagistrado como sospechoso de emitir una resolución o decisión en contra de una ley establecida (prevaricato).

En este caso, Wilmer A. levantó las medidas de prohibición de enajenación y embargo sobre un inmueble impuestas por otro juez, actuación contraria a lo establecido en el  Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 163.4, que determina que el juez que conoce lo principal, también debe resolver lo accesorio. Es decir, quien dicta la medida de gravámenes debía levantarlas.

Wilmer A. actuó como juez Segundo de lo Civil encargado de Pichincha, para resolver un juicio civil donde decidió levantar la prohibición dicta por el juez Décimo Séptimo de lo Civil de Pichincha, a la hacienda El Cortijo, ubicada en Rumiñahui, provincia de Pichincha.

El exjuez actuó sin competencia para hacerlo y sin avisar al magistrado que dictó las medidas.

El objetivo fue  inscribir la venta  del inmueble, a pesar que en la promesa de compra-venta consta el certificado del Registrador de la Propiedad que incluía las prohibiciones sobre el inmueble, expuso Thania Moreno ante el presidente de la Corte Provincial.

Marco Rodríguez, durante la audiencia de formulación de cargos realizada la mañana del 21 de diciembre,  aceptó la solicitud de medidas alternativas a la prisión preventiva pedida por la Fiscalía, estas son prohibición de salida del país y la presentación periódica. Esto porque el imputado tiene 68 años de edad.

El delito consta en el Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal y estipula entre 3 y 5 años de privación de la libertad.