Fiscalía espera que policía en servicio activo sea sometido a juicio por muerte de Damián Peña
El juez Tercero de Garantías Penales, Medardo Salamea, resolvió que en el término de tres días dará a conocer si da paso al auto de llamamiento a juicio contra Pablo Inga, capitán de Policía, por la muerte de Damián Peña, durante las manifestaciones del 11 de enero del 2002 en Cuenca.
Esta resolución la emitió luego de las diez horas que duró la audiencia preparatoria de juicio, en la cual las partes presentaron sus elementos de pruebas.
El fiscal Luis Flores espera que el juez Salamea acoja el dictmen acusatorio y el martes 14 de febrero emita una resolución favorable de iniciar la etapa de juicio en contra de Pablo Fernando Inga Aguirr, por considerarlo autor del disparo que ocasionó la muerte del estudiante Peña de 16 años de edad.
Entre las evidencias que presentó la Fiscalía, en la Corte Provincial del Azuay y con la presencia del Fiscal General, Galo Chiriboga, está un video que muestra el momento en que el uniformado dispara con un arma que no es de dotación oficial, hacia un grupo de estudiantes.
También constan múltiples versiones entre policiales y civiles que ubican a Inga en el sector de la Universidad de Cuenca a la hora en que Peña fue impactado por un proyectil en el cráneo.
La acusación de la Fiscalía también se fundamentó en las versiones de los compañeros de Damián Peña, que ratificaron que los policías utilizaron armas para controlar las protestas, desobedeciendo las disposiciones internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza y prohibición de emplear armas letales.
Además, la Fiscalía solicitó que se llame a juicio en calidad de encubridor al coronel en servicio pasivo, Luis Eduardo Sarmiento, quien se desempeñaba en ese entonces como jefe de operaciones y de la Policía Judicial. “A partir del deceso del estudiante, distrajo la atención, limpió la sangre en el sitio en que cayó Peña con la finalidad de desaparecer evidencias”, afirmó Flores.
Para evitar la impunidad del caso, la Fiscalía pidió al Juez la ratificación de las medidas cautelares para el procesado de prohibir su salida del país y que se presente periódicamente ante la autoridad.
La muerte de Damián Peña, es el primero caso en judicializarse de una lista de 118 presentada por la ahora ex Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones graves de derechos humanos atribuidas a agentes del Estado de 1984 a 1988 y otros períodos.