Fiscalía de Ecuador comparte con delegación de Paraguay su experiencia en delitos ambientales
Quito, 23 de julio 2014.- Las Fiscalías Generales de Ecuador y Paraguay compartieron experiencias sobre investigaciones penales de delitos ambientales y las nuevas tipificaciones integradas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entrará en vigencia en Ecuador, el 10 de agosto del 2014.
La mañana de este miércoles 23 de julio, delegados de diferentes instituciones de Justicia de Paraguay mantuvieron una reunión con el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano y funcionarios del Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.
En la reunión de intercambio de información también participaron por Ecuador el fiscal Borman Peñaherrera; Silvia Castro, asesora ambiental; Leopoldo Rovayo, director de Asuntos Internacionales; y Rolando del Pozo, experto ambiental.
Ellos, junto a los funcionarios de Paraguay, analizaron el trabajo emprendido contra los delitos ambientales durante los tres años de gestión de la Fiscalía ecuatoriana.
La Fiscalía inició este proceso incentivando a una cooperación de apoyo interinstitucional para perseguir los diferentes delitos ambientales como la minería ilegal y la contaminación hidrocarburífera. Se logró que en estas acciones participen instituciones como el Ministerio del Ambiente, Fuerzas Armadas, Policía, entre otras.
Según Del Pozo, este trabajo interinstitucional permitió llevar a juicio a varias causas.
Otro de los aspectos que se resaltó es sobre a la capacitación a los fiscales sobre temas ambientales. Además se destacó la importancia de los Centros de Investigación de Ciencias Forense de la Fiscalía, en cuyos laboratorios se analizan las diversas muestras tomadas y que permitirán contar con suficientes elementos de convicción para procesar a los presuntos responsables de la contaminación ambiental.
Por su parte, el fiscal Peñaherrera destacó la importancia de que en la Constitución del 2008 se incluyeran los derechos de la naturaleza. Pero sobre todo que actualmente en la normativa penal se contempla sanciones más fuertes que incluyen la reparación de los daños ambientales ocasionados.