Fiscales y procuradores de América Latina acuerdan cooperación contra delitos transnacionales
La Declaración de Lima fue suscrita la tarde del 30 de marzo del 2016 en la capital del Perú.
Lima, 31 de marzo del 2016.- Estrategias en la lucha contra el crimen organizado, corrupción y lavado de activos son los temas que están contenidos en la Declaración de Lima, suscrita por los fiscales y procuradores generales de 13 países de América Latina, reunidos en la capital peruana.
El compromiso fue firmado el miércoles 30 de marzo y recoge la voluntad de los representantes de las Fiscalías y Procuradurías Generales de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Según el documento, los países implementarán medidas más eficientes en la lucha contra el crimen organizado que afecta a la región y también se incluye el establecimiento de una comunicación directa entre los fiscales, así como el intercambio de información.
Además el acuerdo contempla la conformación de equipos de investigación conjunta en casos que afecten a dos o más países y la aplicación de recursos como el congelamiento, incautación y restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad en delitos que afecten a varios países.
Finalmente se establece la asistencia técnica mutua y la capacitación en nuevas estrategias para la detección e investigación de conductas delictivas.
Datos:
La Declaración de Lima fue suscrita la tarde del 30 de marzo del 2016 por el Fiscal general de Perú, Pablo Sánchez Velarde; el fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott Charme; el fiscal General de Paraguay, Javier Díaz Verón; el Procurador General de República Dominicana, Francisco Domínguez Brito; el fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez Ruiz; y el fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano.
Asimismo, por el subprocurador regional de Brasil, Bonifacio Borges de Andrada; el fiscal adjunto de Costa Rica, Francisco Fonseca Ramos; el agregado Legal de México, José Esqueda Muñoz; y el fiscal Letrado Nacional en lo Penal de Uruguay, Carlos Negro Fernández.