Fiscal General informó en la Asamblea el trabajo investigativo en Esmeraldas
Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano en la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Quito, 22 de julio del 2015.- De los 106 informes de indicios de Responsabilidad Penal (IRP) que recibió la Fiscalía de la Contraloría, 98 corresponden al municipio de Muisne, provincia de Esmeraldas. Los 8 informes restantes son de otras entidades.
De estos, 47 informes registran un presunto perjuicio al Estado de entre 150 y 6.000 dólares. Así explicó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este miércoles 22 de julio.
El Fiscal General se presentó ante la Comisión, instalada en un inicio con 9 asambleístas, para exponer el trabajo de Fiscalía en las investigaciones abiertas desde informes con IRP, ante la declaratoria de emergencia de fiscalización en la provincia de Esmeraldas que hizo el Contralor General, Carlos Pólit, en mayo del 2014.
De los 98 informes del municipio de Muisne, que se encuentran en investigación previa, 93 son de fuero provincial (que se tramitan en la provincia) y 5 de fuero de Corte Nacional (que se procesan en Quito).
Galo Chiriboga explicó que los informes que remite Contraloría son monitoreados por una herramienta informática que alerta sobre el cumplimiento de las diligencias de los fiscales que investigan estos casos en el ámbito nacional.
Sin embargo, recordó que para lograr sentencias condenatorias es necesario presentar, ante los tribunales, pruebas para demostrar la responsabilidad penal de los procesados, pues no basta solo con indicios, “todos los ciudadanos gozan de la presunción de inocencia”, dijo el Fiscal General.
Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica
En cuando al Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica, Chiriboga Zambrano enfatizó que el 21 de julio envió una solicitud al presidente del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), una auditoría de las interceptaciones telefónicas.
Entre los datos que se conocerán están en que el número de interceptaciones coincidan con los solicitados en los procesos penales, que hayan tenido autorización judicial y también los resultados de esas escuchas telefónicas.
El Fiscal General resaltó que el trabajo de los fiscales debe cumplir con requisitos básicos que están establecidos en el reglamento para el Sistema de Vigilancia y también garantizarse en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Una interceptación debe cumplir al menos tres requisitos: que existan indicios en contra de una persona en la comisión de un delito; que ese delito esté en investigación previa y que un juez haya dado una autorización. Estos procedimientos son para delitos graves como homicidios, secuestros, narcotráfico, trata de personas, violación, entre otros.