Exjuez de lo Civil es llamado a juicio por prevaricato
La fiscal provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, y la fiscal de investigaciones previas, Gabriela Carrión.
Quito, 2 de mayo de 2017.- El exjuez de lo civil, Wilmer A., fue llamado a juicio por presunto prevaricato.
El dictamen acusatorio que presentó Thania Moreno Romero, fiscal provincial de Pichincha, fue acogido por el juez Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, instalada la mañana de este 2 de mayo de 2017, la Fiscal Provincial también realizó el anuncio de prueba, con lo que se sustentará la acusación de la Fiscalía durante la audiencia de juicio.
Entre los elementos anunciados para sustentar la acusación están 16 pruebas documentales, una pericia y 13 testimonios.
El dictamen fiscal
Según el dictamen fiscal (decisión fiscal) el exmagistrado es sospechoso de emitir una resolución o decisión en contra de una ley establecida (prevaricato).
Esto porque Wilmer A. levantó las medidas de prohibición de enajenación y embargo sobre un inmueble impuestas por otro juez, actuación contraria a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 163.4, que determina que el juez que conoce lo principal, también debe resolver lo accesorio. Es decir, quien dicta la medida de gravámenes debía levantarlas.
Wilmer A. actuó como juez Segundo de lo Civil encargado de Pichincha, para resolver un juicio civil donde decidió levantar la prohibición dictada por el juez Décimo Séptimo de lo Civil de Pichincha, a la hacienda El Cortijo, ubicada en Rumiñahui, provincia de Pichincha.
El exjuez ejerció sin competencia para hacerlo y sin avisar al magistrado que dictó las medidas.
El objetivo fue inscribir la venta del inmueble, a pesar que en la promesa de compra-venta consta el certificado del Registrador de la Propiedad que incluía las prohibiciones sobre el inmueble, expuso Thania Moreno ante el presidente de la Corte Provincial.
El juez Marco Rodríguez llamó a juicio al exjuez de lo civil con base en el artículo Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal que estipula entre 3 y 5 años de privación de la libertad.
Asimismo mantuvo las medidas alternativas a la prisión preventiva que son prohibición de salida del país y presentación periódica ya que el imputado tiene 68 años de edad.