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En Azuay, padre es sentenciado a 22 años por violación a su hija

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La fiscal Elizabeth Valarezo acusó al sentenciado con base al artículo 171 del COIP.

Cuenca, 7 de marzo del 2017.- La Fiscalía del Azuay obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de privación de libertad, en contra de Carlos B. de 44 años,  por violar a su hija, de 12 años.

En la audiencia de juzgamiento, desarrollada el 2 y 6 de marzo, la fiscal Elizabeth Valarezo demostró la responsabilidad del sentenciado ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Azuay.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, la mañana del 12 de junio del 2016, el sentenciado aprovechó el momento en que la madre de la niña salió del domicilio ubicado en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, para cometer la violación. Cuando la madre regresó al domicilio y se percató del hecho, avisó a la Policía y Carlos B. fue detenido en delito flagrante.

La fiscal Valarezo presentó el testimonio de un médico legista de la Fiscalía, quien realizó el examen ginecológico a la niña donde determinó médicamente las lesiones producto del crimen.

Asimismo, se expuso el testimonio de una perito del Centro de Investigación de Ciencias Forenses de Cuenca respecto al examen de biología forense realizado a prendas de vestir e hisopados con muestras de fluidos tomadas del cuerpo de la víctima, donde se encontró líquido seminal, espermatozoides y sangre.

Con los testimonios de dos peritos de Criminalística de la Policía, quienes realizaron un examen de biogenética, la Fiscalía comprobó que en el pantalón de la niña se encontró cromosoma Y de la línea paterna.

Entre los testigos también estuvieron tres médicos, una psicóloga y una trabajadora social de la casa de salud donde fue atendida la víctima luego de la agresión sexual. Ellos afirmaron que, el día de los hechos, la niña señaló a su padre como el autor de la violación.

Además dieron su testimonio los agentes de Policía que detuvieron al ahora sentenciado e hicieron el reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias.

La Fiscalía acusó a Carlos B. de acuerdo al artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona la violación con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.