En alegatos finales, Fiscalía determinó autores y colaboradores en venta ilegal de pases policiales
La Fiscalía argumentó el grado de participación de los procesados en la venta de pases policiales.
Quito, 03 de octubre del 2016.- Luego de 19 días de audiencia de juicio, en la presentación de los alegatos finales, la Fiscalía solicitó al Tribunal Provincial de Pichincha sentenciar a 15 de los 16 personas procesadas por delincuencia organizada, al considerarlas participantes de la venta de pases en la Policía Nacional.
La Fiscalía expuso, ante el la jueza ponente, Maritza Romero, sus argumentos para acusar como autores de delincuencia organizada a Fausto T. excomandante y Alexis C., exteniente de la Policía Nacional, por considerar que utilizaron sus cargos para trasladar, desde varias unidades a la Comandancia General de la Policía en Quito, a los uniformados que colaboraron en la estructura que vendía de pases.
En este caso, la Fiscalía se refirió a que el excomandante y exteniente manejaron información privilegiada por sus altos cargos, lo que facilitó la tramitación irregular de los pases policiales. El excomandante, quien fue director de la Dirección de Pases, conocía del sistema y del proceso para emitir los traslados.
Mientras el exteniente trabajaba como asistente en el despacho del Presidente de la República. “Quien tiene la información tiene el poder”, dijo la fiscal del caso Thania Moreno, titular de la Fiscalía Provincial de Pichincha, al referirse que los pases se habrían efectuado sin registros, ni firmas autorizadas, por una cantidad de dinero y en 48 horas.
Contra Fausto T., la Fiscalía se refirió al testimonio anticipado del exteniente Ernesto Montenegro (sentenciado a ocho meses en proceso abreviado) que en su testimonio dijo que entregó casi 200.000 dólares al excomandante Fausto T.
Montenegro fue el nexo principal entre Fausto T. y Alexis C. con los otros procesados en este caso (excepto la madre del segundo), ya que era quien llevaba las listas a la Comandancia para tramitar los pases solicitados por los uniformados.
En lo que se refiere a Alexis C., en sus alegatos la Fiscalía expuso que este ciudadano recibió más de 167.000 dólares, por sueldos y viáticos, entre el 2009 y 2015.
De los 167.000 dólares compró una casa en 75.000, dos autos por 63. 900 y entregó un préstamo de 25. 000 dólares a un amigo. Estos valores suman 163. 900. Sin embargo no registra egresos por los valores referentes a las compras, ni gastos de ningún tipo.
Al comparar sus activos con el dinero ganado en el periodo citado, tiene un saldo de 3100 dólares, pero en sus dos cuentas personales mantenía saldos superiores a los 50 mil dólares, sin justificación.
Los colaboradores
También la Fiscalía acusó a 9 policías y una civil como colaboradores, por considerarlos que pese a que cumplían órdenes, conocieron de las irregularidades que se tramitaban en la Dirección General de Pases Policiales y fueron quienes, a través de sus diferentes roles, habrían facilitado sus cuentas bancarias para receptar el dinero de los pases.
Entre sus roles estaban el reclutamiento de uniformados que requerían de un traslado sin justificar calamidad doméstica, enfermedad o por solicitud de sus superiores, sino que se habrían realizado a ‘conveniencia’.
Así también, la Fiscalía acusó como colaboradora a María B., madre de Alexis C., la única civil procesada en este caso. La Fiscalía argumentó que ella conoció de las actividades a las que se dedicaba su hijo y que recibió dinero producto de la venta de pases. Además uno de los vehículos comprados por el exteniente estaría a su nombre.
Contra el exteniente coronel, Eduardo P., otro de los 9 acusados como colaboradores, la Fiscalía argumentó ser el hombre de confianza de Fausto T., y tener conocimiento de las irregularidades, por lo que debió comunicar a la autoridad superior al comandante, hecho que no ocurrió.
Ante ello, la Fiscalía hizo referencia a que los artículos 5 y 6 del reglamento de Disciplina de la Policía Nacional determinan que se cumplirán las órdenes de los superiores, siempre que sean apegadas a la Ley.
Tres procesados más fueron acusados bajo la herramienta de colaboración eficaz. Este procedimiento permite que por su aporte con la investigación, la sanción sea menor a la establecida en el art.369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es decir que los tres procesados podrían tener una sanción menor a los cinco años, porque aportaron con datos claves para desarticular esta red dedicada a la venta de pases policiales.
En tanto, la fiscal Thania Moreno solicitó que se ratifique el estado de inocencia de Jilson J., por considerar que no existen suficientes elementos en su contra.
Ante los acontecimientos registrados durante la diligencia, la Fiscal solicitó la apertura de la investigación previa para los procesados Alexis C., su madre María B., y su abogado defensor por fraude procesal, en el que habrían incurrido al entregar como prueba documental un convenio privado notariado en enero del 2015, para justificar 25 mil dólares, de sus cuentas. Mientras que en registros de migración constaba que Alexis C., estaba en China, por un viaje de avanzada.
Las pruebas
Por los hechos investigados en este caso, la Fiscalía manifestó que existirían conexiones entre los procesados, debido a que el sistema que utilizaban para comunicarse era sus teléfonos celulares, en los cuales no solo se habrían encontrado llamadas entre ellos, sino que se enviaron listados para tramitar pases policiales a cambio de pagos que iban de 1.000, 1.500 y 2.00 dólares.
Ante los hechos, la fiscal Moreno manifestó que se realizó la triangulación de llamadas, peritajes a los mensajes escritos y de whatsapp registrados entre los procesados, en los que se habrían referido a los listados de pases y de las formas en cómo se realizarían las entregas de dinero producto de la venta de traslados en la Policía Nacional.
Según la Fiscalía, los implicados participaron con conocimiento pleno de sus actividades y sabían de las irregularidades que se cometían. Lo que agrava su condición es que 15 de los 16 procesados fueron funcionarios públicos, por lo que la Fiscal solicitó que se tome en cuenta alemitir la sanción correspondiente, prevista en el artículo 369 del COIP donde tipifica el delito de delincuencia organizada, y sanciona con pena de 7 a 10 años.
En este caso, la Fiscalía solicitó al Tribunal considerar los agravantes expuestos en el artículo 42 del COIP, tras considerar que los procesados tenían plena facultad de las actividades irregulares y fungían como funcionarios públicos.
En el caso de los autores podrían recibir una sentencia que va de 10 a 13 años. Mientras que los colaboradores de 7 a 10 años. Con excepción de María B., que podría recibir una sanción de 5 a 7 años, por ser la única civil procesada en este caso y al no ser funcionaria pública no se aplica los agravantes antes mencionados.
La audiencia continúa con la presentación de alegatos finales y el debate por parte de los abogados defensores de los procesados en la audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada.