El rescate y protección a las víctimas, la prioridad en la lucha contra la trata de personas

Cuenca, 30 de julio del 2016.- Investigar y desarticular las organizaciones delictivas y procesar a sus integrantes, pero también brindar asistencia oportuna a las víctimas. Esa es una de las principales políticas que ha impulsado el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, en sus cinco años de administración.

Para lograrlo, la actual administración de Fiscalía tomó decisiones determinantes. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, incluso en el 2013 decidió que cada 30 de julio sea el Día Mundial contra la Trata. 

La Fiscalía General del Estado ecuatoriano se unió a esta cruzada. En el 2012, se conformó la Comisión Institucional para el Combate del Delito de Trata de Personas, la cual centró sus objetivos bajo el criterio de que este delito afecta gravemente a los derechos humanos de las víctimas. Además que es un delito con redes delictivas que pueden ser nacionales, binacionales y transnacionales.

A la par, la Fiscalía impulsó la tipificación de la trata de personas como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro del capítulo de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Contra el Derecho Internacional Humanitario.

El COIP, en su artículo 91, define la trata de personas como la captación, traslado, acogida de una o más personas desde o hacia otros países con fines de explotación. Se describen ocho modalidades, de las cuales la explotación sexual es la más frecuente en Ecuador.

La trata de personas se expresa en:

-Explotación sexual

-Explotación laboral

-Tráfico ilegal de órganos

-Mendicidad

-Adopción ilegal

-Promesa de matrimonio

-Reclutamiento forzoso para conflictos armados

-Cualquier otra modalidad de explotación

Según Ariadna Reyes, asesora de la Fiscalía General del Estado (FGE), antes la trata de personas era judicializada como un delito de explotación sexual, de acuerdo con la tipificación en el Código Penal. Por lo que los jueces emitían su resolución por algunos tipos penales que no tenían relación con la trata de personas y con penas más bajas.

Desde la vigencia del COIP, los fiscales especializados investigan y acusan bajo el contexto de trata de personas. Eso contribuyó a que el promedio de penas en el 2015 se incremente a 10.33 años de privación de libertad, con relación a que en el 2012 era de entre 5.8 y 9.7 años.

Los casos y las sentencias

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El trabajo de la Fiscalía también ha sido direccionado a desarticular organizaciones y no solo al rostro visible de la trata de personas. Se busca procesar a todos los que participan en el delito: los que captan, trasladan y reciben a las víctimas para ser explotadas.

Como resultado de la persecución y sanción del delito de trata de personas, la investigación de la Fiscalía ha logrado sostener el incremento del número de sentencias condenatorias.

Es así que de las cinco sentencias condenatorias del 2012 se subió a 16 (una mixta) en el 2015. Es decir que algunos procesados fueron condenados y a otros se les ratificó el estado de inocencia.

Uno de estos casos judicializados por la Fiscalía es el denominado ‘Libertad’. En este se desarticuló una red de captación de adolescentes ecuatorianas para explotarlas sexualmente.  

Ellas eran captadas y trasladadas mediante seducción, amenazas y violencia desde las ciudades de Santo Domingo y Quevedo hasta Lima, Perú, con documentos falsos para hacerlas pasar por mayores de edad. A su llegada a la capital peruana, eran trasladadas a varias hostales y obligadas a prostituirse.

Julio C., quien figura como uno de los cabecillas de esta organización, fue sentenciado a 12 años de reclusión por el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, en julio del 2016. Además, otros cuatro integrantes de esta organización cumplen la misma pena y cuatro personas más que fueron llamadas a juicio están prófugas.

Otro de los casos es el ‘Medusa’ en el que 14 personas cumplen condenas de 10 y 5 años de reclusión; y ocho que están llamados a juicio se encuentran prófugos. Ellos integraban una organización que, mediante el engaño de una oferta laboral, captaban a las víctimas para la explotación sexual. Las rutas usadas fueron Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, México y finalmente Estados Unidos.

La Asistencia Penal Internacional ha sido fundamental para lograr estos y otros logros. Por ejemplo, en el caso ‘Libertad’ el informe con base en las investigaciones de la Policía de Perú constituyó una de las principales pruebas presentadas por la Fiscalía. Asimismo se logró la comparecencia de dos agentes peruanos en la audiencia de juicio, quienes con su testimonio reforzaron la teoría y la acusación.

La protección inmediata a las víctimas

Las víctimas de este delito reciben un trato especial una vez que son rescatadas de las redes delictivas. Ellas son ingresadas de forma inmediata al sistema de protección de la Fiscalía una vez que lo solicite el fiscal que abocó conocimiento del caso.

Según Maggio Irigoyen, director Nacional del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la Fiscalía, explicó que estas personas muchas veces no se identifican como tales afectadas. En estos casos, como estrategia de ayuda se les aplica el mecanismo del periodo de reflexión (30 días), para que analicen y expresen su voluntad de recibir protección.

Este trato diferenciado es por la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas, quienes están desarraigadas de su entorno social y algunas de ellas son enfrentadas a sus agresores.

Esta asistencia del SPAVT se brinda en las áreas de psicología y trabajo social, que tienen como objetivo que la víctima alcance autonomía económica y social. También se les da apoyo en el área jurídica para identificar situaciones de riesgo y la protección física, con agentes policiales, para resguardar su integridad.