El legado de Galo Chiriboga Zambrano en la Fiscalía General se enfoca en los derechos humanos

 

Decisiones políticas acertadas para hacer un buen trabajo y obtener justicia movieron los rieles de la investigación de casos en los que policías y militares causaron la muerte de personas. Son casos cuyas investigaciones estuvieron traspapeladas, escondidas, ignoradas y olvidadas por décadas.

Hace cinco años, Galo Chiriboga Zambrano asumió la Fiscalía General del Estado y motivó un cambio en la justicia ecuatoriana, al priorizar en la investigación fiscal los casos donde se violentaron los derechos humanos.

El proceso se inició con una renovación de los despachos fiscales que conformaban una Unidad -olvidada en el patio posterior de la Fiscalía General- donde se depositaron 136 casos que recolectó y entregó la Comisión de la Verdad, conformada por el Ejecutivo el 3 de mayo del 2007. Entre estos casos estuvo el que ahora se conoce como ‘González y otros’.

Este caso es uno de los hitos de la Fiscalía. Sus sentencias han sido producto de más de tres años de investigaciones especializadas desde una visión de derechos humanos, gracias a la preparación continua del grupo investigador y a la constancia del Fiscal General, quien dirigió a su equipo.

Este caso data del 19 noviembre de 2003. Un grupo de presuntos delincuentes intentó asaltar una farmacia en Guayaquil, pero un grupo de 20 policías bien armados, comandados por el mayor René G., lo impidió. 8 personas murieron: 6 presuntos asaltantes, el mensajero de la farmacia y un cliente. Al resultado se suma la desaparición forzada de cuatro personas.

Aunque la Policía alegó que abrió fuego en defensa propia porque ellos dispararon primero, lo cierto es que esas personas murieron por disparos de los agentes del orden. Esos asesinatos la Fiscalía configuró en ejecuciones extrajudiciales (muerte de personas cometidas por agentes del Estado) como graves violaciones a los derechos humanos.

Con base en los resultados de investigaciones especializadas obtenidas en una mega reconstrucción de hechos realizada en enero del 2013 en la farmacia, durante 23 horas consecutivas, se demostró las ejecuciones extrajudiciales. Mediante asistencia penal internacional, la diligencia fue apoyada por cinco técnicos e investigadores especialistas en vulneración a los derechos humanos del Ministerio Público de Venezuela, bajo la dirección de Galo Chiriboga.

En el 2014 y 2015, en dos audiencias de juicio -que duraron semanas- ante la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General demostró que 13 policías eran responsables directos y también cómplices de las 8 ejecuciones extrajudiciales y fueron sentenciados con hasta 16 años de prisión. 

Un triunfo para la justicia y para los familiares de las víctimas, 13 años después de sucedidos estos los crímenes de Estado, cuando ninguna autoridad judicial, en más de una década, no tuvo la decisión de impulsar el caso en beneficio de las viudas y sus hijos.   

Los procesados, sentenciados, prófugos y abogados defensores intentaron posicionar la idea de que este caso era un pretexto para perseguirlos políticamente a la Institucionalidad policial.

Pero la Fiscalía no persigue penalmente a las instituciones del orden, sino busca determinar las responsabilidades de aquellos integrantes de las instituciones del orden que tomaron la justicia por sus ‘propias manos’ –en un país donde no existe la pena de muerte- y asesinaron a quemarropa y sin remordimientos, a 8 personas desarmadas, mientras estaban sometidas en el piso, boca abajo.

Delitos contra los derechos humanos

Pero ¿cuál es la diferencia entre un delito común y uno contra derechos humanos? Que el primero se ejecuta por una persona en contra de otra, mientras el segundo es cometido por un Estado –representado en sus instituciones del orden- en contra de sus ciudadanos.

Es decir que un delito común no es comparable a uno de grave violación a los derechos humanos enmarcados en ejecuciones extrajudiciales (muerte de un civil en manos de un policía o militar) y también tortura.

Llevar ante la justicia los casos donde las víctimas sufrieron graves violaciones a los derechos humanos fue un objetivo cumplido de la administración de Galo Chiriboga. Pues el sistema judicial ecuatoriano removió sus prácticas jurídicas desde la teoría y la práctica para tomar en cuenta el enfoque legal de los derechos humanos para sentenciar los casos.

Con estas sentencias obtenidas por la  Fiscalía se demostró que existió, por parte de quienes cometieron asesinato, un discurso contra las víctimas: que las víctimas eran ‘delincuentes’, ‘subversivos’, ‘adversarios políticos’ y pretextos. Lo cierto es que Ecuador no contempla la pena de muerte en su legislación, peor aún ejecuciones sin un juicio previo

Desempolvando 13 años de impunidad

En su lucha por descubrir la verdad del caso ‘González y otros’, Galo Chiriboga ordenó la apertura de la investigación para saber qué sucedió con las cuatro personas desaparecidas en manos de los policías, aquel 19 de noviembre del 2003, luego del operativo policial que cobró la vida de las ocho personas.

Durante las investigaciones fiscales, uno de ellos, Erwin V., fue localizado con vida, en Venezuela, en el 2015. Una primera versión fue recogida por la Fiscalía.

Para el 27 de junio del 2016, y con Erwin en Ecuador en calidad de testigo protegido de la Fiscalía, se formuló cargos y se abrió un proceso penal contra 15 personas por desaparición forzada.

En su versión reveló que por varios días permaneció detenido en forma ilegal y torturado en la Policía Judicial del Guayas. Hasta que un día a Erwin, junto con Johnny Gómez (continúa desaparecido), lo lanzaron al Estero Salado de Guayaquil, mientras los policías les disparaban. Dijo que escapó con vida tras protegerse de las balas con el cuerpo de Gómez y sumergido en el agua.

La Fiscalía anticipó el testimonio de Erwin el 7 de julio. En la Corte Nacional y ante el Fiscal General, Galo Chiriboga, el conjuez Iván Saquicela y los abogados de la defesa, dijo que decidió irse a escondidas del país porque temía por su vida y la de su familia, además, porque en la planificación del asalto a Fybeca, participó un policía.

De esta manera se demuestra que la vulneración a los derechos humanos fue una constante en el país que ahora se conoce por una acertada decisión política y pionera en la defensa de los derechos humanos, con el Fiscal General a la cabeza.