El debate para crear la Corte Penal de la Unasur se fortalece

Quito, miércoles 08 de abril del 2014.- Delitos de carácter transnacional como el lavado de dinero, el tráfico de personas,  el narcotráfico y otro serían conocidos por la Corte Penal de la  Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Su creación es un proyecto propuesto por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano desde el 2011.

Esta iniciativa del Fiscal General ecuatoriano es trabajada en la Unasur, anunció Ernesto Samper, secretario del organismo regional, durante el desarrollo de la conferencia ‘Justicia Transicional y la Paz en Colombia’. Este evento se realizó este miércoles 8 de abril, bajo la organización de la Unasur y de la Fiscalía General de Ecuador.

“Nosotros en Unasur consideramos importante que se debata esta posibilidad de la Corte Penal dentro de sus alcances. No podemos seguir hablando de combatir el crimen sin diseñar mecanismos que nos permitirían enfrentar la impunidad geográfica de un crimen transnacional”, dijo Samper.

El Secretario General de la Unasur manifestó que la región está afectada por una serie de delitos globales y para enfrentar esa nueva modalidad de inseguridad y delincuencia que compromete a varios países, Galo Chiriboga  “ha hecho esta propuesta alrededor de la cual se produce un debate en la región”.

El fiscal General del Estado colombiano, Luis Eduardo Montealegre, calificó como “importante y novedosa para el ámbito latinoamericano e internacional”  la propuesta de su homólogo, Galo Chiriboga Zambrano, de crear esta Corte Penal regional.

A decir de Montealegre, esta Corte actuaría en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional. Explicó que la Corte Penal fortalecería la cooperación judicial entre Fiscalías Generales y Ministerios Públicos de la región que “nos permitiría afrontar como continente y Sudamérica los desafíos de la delincuencia internacional”.

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, precisó que el objetivo de constituir una Corte Penal es el perseguir a las organizaciones delictivas en todo el espacio de la Unasur.

Manifestó que esta iniciativa se discutió en el entorno de las Fiscalías Generales de la Unasur y cuenta con las opiniones favorables de las Fiscalías de Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y se espera concluir con la redacción de un borrador de Tratado para enviarlo  a  la Cancillería ecuatoriana.

Sin embargo, Brasil tiene una posición de crear un camino similar a la “Eurojusticia” y esto se analizará a finales de abril en Argentina. Tampoco se han pronunciado Chile y Uruguay.

Galo Chiriboga explicó el objetivo de la Corte Penal de la Unasur con un ejemplo: En el caso de trata de personas, la organización delincuencial capta a las mujeres en Venezuela, se las traslada por Colombia y Ecuador para finalmente explotarlas sexualmente en Brasil.  

“No tenemos una justicia que pueda abarcar los efectos del delito producidos en toda la región. Si la Corte se constituye podrían juzgarse estos delitos en una instancia jurídica”, enfatizó el fiscal General ecuatoriano.

“Es indispensable que el proceso de paz colombiano avance”

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, al comentar el tema del a conferencia de su homólogo colombiano, Luis Eduardo Montealegre, manifestó que el modelo de transición a la paz es aplicable en los países de la Unasur.
 
Enfatizó que es “indispensable que el proceso de paz colombiano avance” y explicó los problemas de seguridad que Ecuador tiene en la frontera con Colombia.
 
El nivel de tasas de homicidios en la zona fronteriza es alto: 54,8 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en la provincia de Sucumbíos, mientras que en San Lorenzo, Esmeraldas, es de 63.1.
 
Mientras que en el Putumayo y en San Andrés de Tumaco-Nariño, en Colombia, es de 113 y 125 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, dijo Galo Chiriboga.
 
 
El Fiscal General colombiano explicó el modelo de justicia transicional y de paz adoptado en Colombia,  durante la conferencia realizada en el Salón de los Presidentes del edificio Néstor Kirchner de la UNASUR, ubicado en  Quito.
 
Manifestó que la justicia transicional implica, por medio del acceso a la verdad, a la justicia y la reparación, superar los conflictos armados y alcanzar la paz. Por ejemplo, los esquemas de justicia aplicados después de la Segunda Guerra Mundial o el plasmado en las transiciones desde las dictaduras a las democracias en el Cono Sur (Argentina y Chile).
 
Montealegre precisó que el modelo que su país diseñó para aplicar la justicia transicional y alcanzar la paz está basado en el concepto de máximos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. Es decir, solo se investigarán y judicializarán a las personas cuyo poder jerárquico de mando y decisión en estos delitos se encuentren comprobados.
 
Al aplicar este esquema se abandonan las teorías clásicas de la imputación y se acude  a nuevos postulados más acordes frente al juzgamiento de violaciones masivas a los derechos humanos, dijo el conferencista.
 
La justicia transicional  en Colombia también introduce un concepto propio de las justicias transicionales que es el de alternabilidad de la pena, lo cual implica la posibilidad de aplicar sanciones no privativas de la libertad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
 
Se aplicarán “penas alternativas como el desminado, restricciones de libertad en ciertas partes del territorio, el trabajo social y otros”, explicó el fiscal Montealegre.
 
La seguridad jurídica es otro elemento de la justicia transicional, es decir, una justicia de cierre. Una vez juzgados y condenados los responsables que se produzca una cosa juzgada universal y que no significa una ley de punto final, concluyó el Fiscal General de Colombia.
 
ACV.